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18 de enero 2026
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Senador afirma ley que incautaría bienes ilícitos «ha estado detenida en el Congreso por intereses»

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RESUMEN

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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador representante de Santo Domingo, Antonio Taveras, afirmó este martes que la dilatada ley de extinción de dominio, para incautar bienes provenientes de actos ilícitos, se ha visto detenida durante 10 años en el Congreso Nacional por los intereses que envuelve la pieza.

Taveras, quien es el presidente de una comisión de diputados y senadores que busca aprobar esta nueva ley, explicó que esta normativa «anda dando vueltas en el Congreso desde hace 10 años» porque existen intereses políticos que la detienen, por lo que prometió que el equipo que dirige elaborará una nueva ley para suplir la demanda social y decomisar los bienes ilícitos.

En ese sentido, el congresista aclaró que esta nueva ley contempla embargar los bienes que hayan sido adquiridos producto de la corrupción administrativa, el crimen organizado y el narcotráfico, y agregó que la comisión que dirige recibirá a expertos internacionales y abogados formados en la materia para dotar al país de una ley óptima.

También, el senador de Santo Domingo indicó que la metodología de la comisión que preside consiste en reuniones fijas y semanales donde se articulan los puntos de la ley, se corrigen y se acuerdan entre los legisladores miembros del equipo.

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Ante la paralización que ha tenido la ley en el Congreso Nacional por una década, Taveras dijo que en este nuevo tren congresual esa actitud no se va a repetir porque «la población está vigilante y expectante» para dar un seguimiento continuo que concluya en la aprobación de la ley.

«Estamos en un nuevo ciclo político y la gente tiene que pedir y luchar porque esta ley sea aprobada en el Congreso Nacional para que por fin tengamos un mecanismo que persiga los bienes de los criminales y corruptos», aseveró el representante.

Finalmente, el senador concluyó diciendo que la participación de expertos internacionales y destacados abogados  en la elaboración de la ley de extinción de dominio busca que la misma no pueda ser atacada en el Tribunal Constitucional.