EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Seis imputados en la denominada operación Calamar y un grupo comercial negociaron con el Ministerio Público (MP) y acordaron devolverán bienes para indemnizar al Estado.
El órgano acusador solicitó al tribunal declarar la extinción de la acción penal en favor de los imputados Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie, Victor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkiz Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y Grupo DIBEFE, S.R.L. , bajo la modalidad de criterio de oportunidad.
El documento del Ministerio Público establece que los acusados han colaborado de manera eficaz en el desarrollo de la investigación y el esclarecimiento de los hechos, así como el resarcimiento de los daños causados, conforme a lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 370 del Código Procesal Penal Dominicano.
Asimismo, pide declarar el decomiso en favor del Estado dominicano de los bienes muebles e inmuebles entregados de manera voluntaria por cada imputado de ellos.
El escrito establece que los investigados aceptan su participación delictiva, hechos estos todos subsumibles en los tipos penales de corrupción, decir, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, uso de documentos falsos, sobornos y lavado de activos. Solicita al juzgado ordenar el levantamiento de las medidas de coerción a los involucrados en los casos que proceda.
Los colaboradores le explicaron al Ministerio Público la forma en que participaron, indicando el modus operandi de la supuesta estructura criminal.
Cabe resaltar que conforme a lo dispuesto por el artículo 34 del Código Procesal Penal Dominicano, el Ministerio Público puede, mediante dictamen motivado, prescindir de la acción pública respecto de uno o varios de los hechos atribuidos, a algunos de los imputados, o limitarse a una o alguna de las calificaciones jurídicas posibles cuando se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico protegido.
Los cinco colaboradores declararon lo siguiente:
La alegada estructura utilizó importantes instituciones del Estado como: el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, la Dirección General de Presupuesto y el Banco de Reservas como espacios operativos, con el objetivo de desfalcar al Estado dominicano y tenerlo como un rehén de la corrupción.
Aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales al estafar y desfalcar al Estado dominicano.
Identificaban bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, logrando que el Estado dominicano erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, fondos que retornaban y se traducían en grandes beneficios económicos para los funcionarios públicos y particulares que formaban parte de la referida organización criminal.
Utilizaron la Dirección de Casino y Juegos de Azar para realizar cobros ilegales a los dueños de consorcios de bancas, los cuales fueron realizados al margen de la institución, por personas asociadas al entramado y para beneficio de este.
De acuerdo al expediente acusatorio, que involucra a 46 imputados, incluyendo 34 personas físicas y 12 jurídicas, con 3,662 páginas y más de 2,000 pruebas, estos sustrajeron más 21 mil millones de pesos del erario público.
Los principales imputados en este caso son los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo.
