RESUMEN
Este 19 de marzo se cumplen seis años desde la declaración del estado de emergencia en la República Dominicana, un punto de inflexión que marcó el inicio de una de las respuestas sanitarias más complejas y transformadoras en la historia contemporánea del país. Con la perspectiva que ofrece el tiempo, es posible evaluar no solo las decisiones tomadas, sino también sus implicaciones estructurales y compararlas con las de sistemas más robustos, como el de los Estados Unidos.
Controlando variables como subregistros y silencio epidemiológico es prudente reportar que durante el periodo agudo de la pandemia, Estados Unidos acumuló más de 1.1 millones de muertes, con tasas de mortalidad que superaron los 330 por 100,000 habitantes, según datos ampliamente reportados por los CDC y plataformas académicas como Johns Hopkins. En contraste, la República Dominicana reportó aproximadamente 4,400 muertes, con una tasa estimada entre 40 y 45 por 100,000 habitantes, de acuerdo con reportes del Ministerio de Salud Pública y datos consolidados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Incluso considerando análisis posteriores de exceso de mortalidad, como los publicados por la OMS y en estudios de The Lancet, la diferencia relativa entre ambos países se mantiene significativa.
Uno de los indicadores más relevantes para este análisis es la letalidad (case fatality rate, CFR). En Estados Unidos, el CFR inicial osciló entre 1.5% y 2% durante 2020, reflejando la presión sobre los sistemas hospitalarios y la alta carga de comorbilidades. En la República Dominicana, este indicador se mantuvo en torno a 1% o por debajo, con una tendencia descendente hacia aproximadamente 0.7% a medida que avanzaba la pandemia, según reportes nacionales y bases de datos globales como Our World in Data. Este comportamiento sugiere no solo diferencias demográficas, sino también una organización efectiva de los flujos de atención y del manejo clínico.
Seis años después, resulta evidente que uno de los elementos más distintivos de la respuesta dominicana fue la capacidad del Estado para articular una coordinación efectiva a múltiples niveles. A través del comuté de gestión y luego el Gabinete de Salud así como otros mecanismos interinstitucionales, se logró alinear actores del sistema sanitario, fuerzas armadas, sector privado y comunidad académica bajo una estrategia común. Esta coordinación permitió una toma de decisiones más coherente y sostenida, reduciendo la fragmentación que caracterizó la respuesta en otros países.
En términos operativos, esta articulación se tradujo en la rápida expansión de la capacidad hospitalaria, con la designación de más de 150 centros COVID hospitalarios a nivel nacional y un aumento significativo de camas de cuidados intensivos, como fue documentado en los boletines epidemiológicos oficiales. Paralelamente, la implementación de sistemas de triage, referencia y contrarreferencia permitió una distribución más eficiente de pacientes, manteniendo la ocupación hospitalaria en niveles manejables incluso durante los picos más críticos.
Un componente clave fue el desarrollo de capacidades de inteligencia epidemiológica. La creación de un centro de fusión para el análisis integrado de datos permitió consolidar información de vigilancia, laboratorio y servicios de salud en una plataforma orientada a la toma de decisiones. Esto facilitó el monitoreo continuo de indicadores como tasas de positividad, que en momentos críticos superaron el 25%, así como la incidencia acumulada y la evolución del CFR, permitiendo ajustes dinámicos en la estrategia.
Esta aproximación se tradujo en intervenciones focalizadas basadas en evidencia dirigidas a la realidad y especificidad local (no nacional). Un ejemplo relevante fue el Plan Duarte, implementado en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, uno de los primeros epicentros de transmisión comunitaria. Este operativo integró la implementacion de un cordón epidemiológico, optimización de vigilancia activa, intervención comunitaria y coordinación intersectorial, logrando contener de manera progresiva la transmisión en una de las zonas más afectadas durante la fase inicial luego similares principios usados en una desescalada “inteligente”.
En contraste, la respuesta de los Estados Unidos evidenció desafíos significativos en términos de coordinación. La descentralización del sistema, junto con diferencias en políticas estatales y variabilidad en la adopción de medidas de salud pública, resultó en una implementación heterogénea. A pesar de contar con recursos sustanciales y liderazgo en el desarrollo científico, incluyendo las primeras vacunas de ARNm, la falta de alineación estratégica impactó la efectividad global de la respuesta, como ha sido ampliamente discutido en la literatura de salud pública y política sanitaria.
En términos de incidencia acumulada, Estados Unidos reportó más de 30,000 casos por 100,000 habitantes, mientras que la República Dominicana se mantuvo en rangos considerablemente menores, en torno a 6,000–7,000 por 100,000, según datos internacionales comparativos. Aunque estas diferencias están parcialmente influenciadas por la capacidad de testeo, también reflejan patrones distintos de transmisión y control.
La vacunación marcó un punto de inflexión en 2021. Estados Unidos logró un desarrollo y despliegue temprano de vacunas altamente efectivas, pero enfrentó retos en términos de aceptación y cobertura homogénea. La República Dominicana, en cambio, adoptó una estrategia pragmática y diversificada, luchando con problemas de suministro y aseguró acceso a múltiples plataformas y logrando coberturas superiores al 60% de la población en relativamente corto tiempo, según reportes oficiales y bases de datos globales. Este esfuerzo contribuyó de manera decisiva a la reducción sostenida de hospitalizaciones y muertes.
Seis años después, la experiencia dominicana deja una lección clara: la resiliencia de un sistema de salud no depende exclusivamente de sus recursos, sino de su capacidad de coordinarse, integrar información y ejecutar con coherencia. En un momento de crisis global, la República Dominicana demostró que un Estado alineado, apoyado en datos y con capacidad operativa, puede generar resultados que superan expectativas.
Más allá de las cifras, este es un motivo de reflexión, pero también de legítimo orgullo nacional.
Por Amado Alejandro Báez