EL NUEVO DIARIO, PARÍS.-La cargada agenda judicial del expresidente francés Nicolas Sarkozy regresa este miércoles a la primera línea de la actualidad, con la apertura en apelación del juicio por la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012, por la que en primera instancia fue condenado a un año de cárcel.
Durante cinco semanas, el tribunal de Apelación de París estudiará este caso en el que en primera instancia en septiembre de 2021, salió a la luz una espesa red de facturas falsas destinadas a inflar las cuentas de la campaña de Sarkozy con el fin de superar los límites marcados por la ley.
Según la sentencia, que también condenó a otras doce personas, se gastaron 43 millones de euros, frente al techo de 22,5 millones legales, ocultados a los reguladores a través de un entramado empresarial denominado Bygmalion.
El expresidente, que niega que él estuviera al corriente de ese desvío de fondos, volverá a insistir en su doble línea de defensa que no le sirvió en primera instancia.
Por un lado, tratará de demostrar que las falsas facturas sirvieron para el enriquecimiento personal de otros de los acusados y que, en ningún caso, sirvió para la campaña electoral del entonces presidente, que fue derrotado por el socialista François Hollande.
Junto a ello, los abogados de Sarkozy volverán a poner sobre la mesa el argumento de que la superación de los límites de gasto ya fue sancionada por las instancias administrativas y el expresidente tuvo que pagar por ello una fuerte multa, por lo que no puede ser juzgado de nuevo.
El conocido como «caso Bygmalion» es uno de los que mantiene al expresidente pendiente de la justicia desde su salida del Elíseo en aquel 2012.
Sobre él pesa ya una condena a un año de cárcel, que puede purgar con un brazalete electrónico, por un delito de tráfico de influencias con el que trató de obtener informaciones confidenciales para preparar su defensa en otros casos.
Esa sentencia, confirmada en Apelación en mayo pasado, está ahora pendiente de un recurso interpuesto ante el Supremo.
En 2025 será el turno de las cuentas de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007, en la que los investigadores sospechan que recibió dinero del régimen del líder libio Muamar Gadafi.
Se sentará en el banquillo de los acusados junto a otras doce personas, entre ellas dos de sus ministros del Interior, Claude Guéant y Brice Hortefeux, además del tesorero de la campaña, Eric Woerth, actualmente diputado macronista.
En paralelo a esa investigación, Sarkozy está procesado desde el mes pasado por el intento de hacer desaparecer el testimonio de un tratante de armas, Ziad Tikieddine, clave en su inculpación por la financiación libia de su campaña de 2007.
La Fiscalía Nacional Financiera, además, tiene abierta una investigación desde el verano de 2020 sobre posible tráfico de influencias en favor de oligarcas rusos.
Desde 2019 la justicia francesa también tiene abiertas pesquisas sobre la presunta intervención en 2010 de Sarkozy para que el entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, influyera a favor de la atribución a Catar del Mundial de 2022.
