RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Santiago Hazim fue trasladado la mañana de este martes a la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde se conocerán los recursos interpuestos por él y otros seis imputados para lograr la revisión de la medida de coerción que los mantiene en prisión preventiva por su supuesta vinculación a un millonario desfalco contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La corte conocerá el día de hoy las solicitudes presentadas por los investigados, quienes cumplen 18 meses como medidas de coerción, inicialmente ordenados en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, pero actualmente recluidos en el Centro Penitenciario Las Parras, debido a la falta de espacio.
Los implicados buscan que ese tribunal de segunda instancia revoque la decisión que los envió a prisión y, en consecuencia, dicte medidas menos gravosa.
Además de Hazim, exdirector de Senasa, solicitaron la revisión de la medida el exgerente financiero de la entidad, Gustavo Enrique Messina; el exconsultor jurídico, Germán Rafael Robles; el exgerente de Salud, Francisco Iván Minaya; Ramón Alan Speakler Mateo y Rafael Martínez Hazim.
La solicitud se produce luego de que el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impusiera prisión preventiva contra siete de los diez imputados del caso, en una audiencia marcada por alta tensión y manifestaciones en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En tanto, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo recibieron arresto domiciliario con impedimento de salida del país. En el caso de Acosta Sención y Pineda Perdomo, además, se les impuso una garantía económica de RD$100,000 a cada una.
En cuanto a los elementos probatorios, el Ministerio Público asegura contar con suficientes evidencias vinculantes para demostrar la responsabilidad penal de los imputados, entre ellas: testimonios, registros contables, comprobantes fiscales simulados, mensajes electrónicos, comunicaciones internas y trazabilidad financiera, que evidencian cómo fueron ejecutados y materializados los hechos.
Alega que la concatenación de estas pruebas demostraría que los imputados actuaron de manera concertada y deliberada, dentro de un esquema de corrupción cuidadosamente organizado.
Según el órgano acusador, Santiago Marcelo Hazim Albany, principal imputado del caso, habría incurrido en conductas que se subsumen en diversas tipificaciones penales, entre ellas la violación del artículo 146 de la Constitución de la República, relativo a la proscripción de la corrupción.
Asociación de malhechores, conforme a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano; coalición de funcionarios y prevaricación, tipificadas en los artículos 123, 124, 166 y 167; estafa contra el Estado, artículo 405; desfalco, artículos 170, 171 y 172; uso de documentos falsos, artículos 148 y 151; así como soborno, conforme al artículo 2 de la Ley núm. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y los artículos 177 y 178 del Código Penal Dominicano.
Asimismo, se le imputa la violación de los artículos 10 y 11 de la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, entre otras infracciones penales.
El presunto entramado desfalcó al Senasa con más de 15 mil millones de pesos, y según la investigación estuvo liderado por Santiago Hazim.
