EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público estableció este lunes que el exdirector del Seguro Nacional de Salud, (SeNaSa) Santiago Hazím Albainy desde antes de ser nombrado, “ya se encontraba recibiendo beneficios como vehículos de alta gama por parte de empresarios que, a lo largo de su gestión, formarían parte de la estructura fraudulenta que se benefició del presupuesto del seguro” estatal.
Asimismo, el imputado había establecido compromisos económicos que cumpliría una vez asumiera el control de la institución, según detalla el acápite 18 de la página 13 del expediente de solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público.
«Desde antes de ser nombrado, el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy ya se encontraba recibiendo beneficios como vehículos alta gama, por parte de
empresarios que a lo largo de su gestión formarían parte de la estructura fraudulenta que se benefició del presupuesto del Seguro Nacional de Salud
(SENASA), de igual modo, estableció una serie de compromisos económicos para cumplir cuando asumiera el control de esta institución pública», establece el documento.
De acuerdo con el documento acusatorio, la Procuraduría sostiene que el exdirector de SeNaSa “presentaba antecedentes relacionados con operaciones ilícitas por parte de empresas de su propiedad, sociedades comerciales y personas vinculadas, que operaron como un frente para gestionar maniobras de corte fraudulento en perjuicio del Estado”. El expediente indica además que estas operaciones le generaron beneficios económicos ilícitos antes y durante su administración al frente del seguro estatal.
El Ministerio Público explica que la investigación se inició tras una serie de hallazgos provenientes de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), en su calidad de ente supervisor del Seguro Familiar de Salud (SFS) y del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Estas entidades advirtieron sobre conductas irregulares en diversas áreas de SeNaSa, lo que desencadenó la recolección de evidencias que revelaron “múltiples esquemas fraudulentos orientados a la obtención de beneficios económicos ilícitos”, afectando de forma directa los recursos destinados a garantizar la atención en salud, especialmente de los afiliados más vulnerables.
Los reportes y matrices analíticas enviadas por SISALRIL y el SDSS, junto a las verificaciones del órgano acusador, pusieron de manifiesto graves irregularidades en los procesos de contratación y compras de la institución, inconsistencias en autorizaciones internas y asignaciones de recursos, así como registros de actividades sospechosas entre empleados y terceros no identificados. Estas evidencias, según el Ministerio Público, demostraron un “desgobierno institucional” que permitió la sustracción de fondos públicos mediante estructuras creadas para manipular procesos internos.
La evaluación integral de estos hallazgos permitió establecer la existencia de un entramado delictivo estructurado que manipuló procedimientos, vulneró normas y aprovechó recursos del Seguro Nacional de Salud. Las maniobras detectadas no solo generaron beneficios ilícitos para los imputados y sus colaboradores, sino que también provocaron un daño significativo al patrimonio público y a la sostenibilidad de los fondos destinados a la atención médica de la población más vulnerable.
El expediente detalla que las acciones fraudulentas fueron ejecutadas mediante mecanismos sofisticados, creación de registros paralelos y coordinación interna desde áreas estratégicas de la institución, todo bajo la apariencia de legalidad. Estas prácticas, afirma la acusación, quebrantaron principios esenciales de transparencia, integridad y buena administración, afectando la confianza pública en el sistema de seguridad social.
La red criminal, según el Ministerio Público, inició formalmente tras la designación de Hazim como director ejecutivo de SeNaSa mediante el Decreto 377-20, del 21 de agosto de 2020. Desde entonces, se rodeó de un círculo cercano de colaboradores con quienes diseñó un sistema de corrupción institucionalizada, caracterizado por recepción de sobornos, falsificación de estados financieros, manipulación de cuentas bancarias, creación de programas fraudulentos, privatización irregular de servicios, coalición de funcionarios y presunto desfalco en perjuicio del Estado dominicano.
El documento agrega que los imputados diseñaron e implementaron un sistema criminal prolongado en el tiempo, basado en el desvío de fondos públicos, la manipulación de procesos de compras y contratación, y el uso de mecanismos fraudulentos para gestionar recursos destinados a la salud de los ciudadanos.
El Ministerio Público concluye que este entramado delictivo no solo generó un grave daño patrimonial al Estado, sino que también vulneró los derechos fundamentales de miles de afiliados del sistema de seguridad social, al comprometer los fondos destinados a garantizar la atención médica y la cobertura de salud de la población más vulnerable.
Las evidencias recopiladas hasta el momento han permitido identificar distintos ejes operativos dentro de la organización criminal, en los cuales participaron empresarios, profesionales de la salud, particulares y funcionarios públicos, supuestamente dirigidos por Santiago Marcelo Hazim Albainy.
