RESUMEN
Entre 2020 y 2025, el sistema de salud dominicano ha vivido un deterioro que no puede explicarse solo por el expediente judicial del caso SeNaSa. Ese expediente —necesario, ruidoso, mediático— ilumina una parte del problema, pero deja en la penumbra la raíz de la crisis: la ruptura del modelo de financiamiento, que desestabilizó la gestión institucional y terminó provocando el colapso progresivo del modelo de atención. Esta secuencia de fracturas ha golpeado la legitimidad, ya debilitada, del sistema sanitario, e incluso ha puesto en entredicho la capacidad real del país para combatir la corrupción con reformas estructurales y no solo con sanciones.
Para comprender la dimensión de lo ocurrido, es necesario volver a una pieza clave que ha sido prácticamente olvidada en el debate público: el Decreto 72-03. Este decreto, emitido en 2003, hizo lo que la Ley 87-01 no detalló: creó un Consejo Directivo del SeNaSa presidido por el Ministro de Salud Pública. Esa arquitectura permitió durante dos décadas que el Ministerio ejerciera la rectoría sobre la operación del asegurador público, asegurando supervisión financiera, control de contrataciones, coherencia con la política sanitaria y un sistema de vigilancia interna que funcionó con una estabilidad relativa dadas las tensiones propias del modelo. No era una estructura perfecta, pero era una estructura suficiente. Y durante más de veinte años cumplió su función.
La crisis actual no surge porque ese diseño fuera débil. Surge porque dejó de aplicarse.
Con el cambio de gestión en 2020, comenzaron a producirse variaciones fácticas que modificaron el funcionamiento interno de SeNaSa. No fueron cambios normativos; fueron cambios prácticos: desplazamiento de mecanismos de control, alteración de procedimientos establecidos, descentralización informal de decisiones financieras, debilitamiento de la supervisión por parte del Consejo Directivo y un Ministerio que, a pesar de ser rector por mandato institucional, fue quedando al margen de procesos que debía encabezar. Simultáneamente, la SISALRIL —responsable de la supervisión técnica del aseguramiento— no activó mecanismos de alerta, permitiendo que el deterioro se desplazara sin freno hacia zonas estructuralmente sensibles.
Lo que se quebró no fue la ley, ni la arquitectura institucional del sistema. Lo que se quebró fue la práctica de gobernanza.
Una vez lesionado el financiamiento, la gestión comenzó a operar en un terreno inestable. SeNaSa, principal asegurador del país y soporte esencial de la política social, entró en una dinámica de desorden financiero que pronto impactó su relación con clínicas, médicos, laboratorios y proveedores. La red pública de servicios, ya tensionada por limitaciones históricas, recibió el impacto de esa desarticulación: atraso en pagos, incertidumbre en la contratación y un progresivo debilitamiento de su capacidad operativa.
El resultado se manifestó primero donde siempre se evidencia la crisis sanitaria: en el rostro del paciente.
Durante todo el año 2025, la población expresó de manera explícita su inconformidad con la atención recibida. Hospitales remozados en su infraestructura física continuaron mostrando fallas severas en la seguridad de la atención; servicios reprogramados, suspensiones inesperadas, esperas interminables y negativas de cobertura se hicieron cada vez más frecuentes. La arquitectura del modelo de atención, que dependía de un financiamiento estable y de una gestión ordenada, empezó a mostrar grietas visibles. Y esas grietas no se explican por corrupción, sino por la interrupción de los procesos que protegían la estabilidad del financiamiento.
El equilibrio financiero de SeNaSa se abordó técnicamente mediante el traspaso de seis mil millones de pesos desde los fondos del Idopril hacia la ARS estatal y los acuerdos palaciegos entre el Presidente de la República y el presidente saliente del Colegio Médico Dominicano. De ese entendimiento surgió la Resolución 623-02 del CNSS, que aumentó la cápita del seguro, el valor de la consulta y otros componentes del financiamiento, trasladando finalmente el costo a los trabajadores y sus dependientes. La medida alivió la presión inmediata, pero no reparó la fractura estructural del modelo; al contrario, profundizó la inequidad al cargar la corrección sobre el segmento más vulnerable del aseguramiento contributivo.
En este punto, resulta llamativo que la respuesta gubernamental fuera la creación de una comisión para “reestructurar” el SeNaSa. La medida no surge del desgaste natural de los mecanismos instituidos por el Decreto 72-03 ni de un diagnóstico técnico sobre su insuficiencia, sino más bien introduce un elemento de tensión en la gobernanza institucional al insinuar, de manera solapada, que el Ministerio de Salud no ejerció adecuadamente su rol en la protección de la salud financiera del asegurador público. Desde esta perspectiva, la comisión aporta poco en términos de control y supervisión —pues la crisis no nació por ausencia de mecanismos, sino por su abandono—, y su principal efecto parece ser simbólico: intentar recuperar legitimidad a partir del prestigio de los sujetos que la integran, más que corregir la falla estructural que permitió el deterioro.
El Decreto 72-03 había establecido un modelo de supervisión suficiente y operativo durante dos décadas. No falló por insuficiencia conceptual; falló porque no se aplicó adecuadamente entre 2020 y 2025. La intervención presidencial, lejos de fortalecer al Ministerio de Salud como ente rector, coloca en tensión su rol, al reconocer implícitamente que no actuó como debía. Pero la comisión que se propone tampoco recupera esa rectoría ni reconstruye los mecanismos de control administrativo que se dejaron erosionar.
Así, el país corre el riesgo de concentrarse en el expediente visible —el caso penal— y dejar sin respuesta el daño invisible: la fractura del financiamiento, la desestructuración de la gestión, el debilitamiento de la red pública y la pérdida de confianza del ciudadano en el sistema de salud.
La lucha contra la corrupción es necesaria, pero insuficiente. Lo ocurrido en SeNaSa debe leerse como el síntoma visible del agotamiento de un modelo que ya no responde a las necesidades de protección social ni a las complejidades del sistema de salud contemporáneo. Por eso, más que limitar la conversación a responsables individuales, el país necesita abrir un debate serio sobre las transformaciones estructurales del sistema, tomando como punto de partida los proyectos de reforma que cursan actualmente en el Congreso y cualquier otra iniciativa que permita repensar integralmente el financiamiento, la gobernanza y la función pública de la salud como mecanismo de protección social en salud. Solo así podremos superar un esquema que muestra signos de fatiga histórica y avanzar hacia un modelo capaz de sostener el derecho a la salud en condiciones de verdadera justicia sanitaria.
Núcleo República Dominicana – GT Salud Internacional y Soberanía Sanitaria (CLACSO).
Profesor universitario y exdirector de hospitales.
Por Roberto Lafontaine