Recientemente alrededor de unos 4,700 graduados de doctores o licenciados en medicina de las diferentes universidades del país tomaron los exámenes para ingresar a las diferentes especialidades, las que se ofrecen en diferentes hospitales. La entidad que administra o imparte estos exámenes es el Consejo Nacional de Residencias Médicas, el cual está presidido por la Dra. Carolina de la Cruz, como aparece en la página principal de la UASD, quien aparentemente representa a la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Es un organismo compuesto por varios miembros, incluyendo a las FF. AA. y otras entidades del Estado, además de la UASD, quien es -como la universidad más antigua y a la vez del Estado- la que lo preside. Por esta última condición, la de presidir dicho Consejo, debe ser la UASD la más preocupada en que esto no ocurra como se rumora ha ocurrido. El rector debe tomar medidas para que la imagen de La Universidad no la deterioren más con este problema que no es tan sencillo. ¿En qué consiste el supuesto fraude que se rumora? En que supuestamente se elaboró un patrón de corrección o de calificaciones, donde 15 de las 100 preguntas le asignaron falsas respuestas correctas, con el aparente propósito de no darle participación a muchos de los que optaban por las residencias.
La rectoría de la UASD debe poner correctivos a esta situación, porque de lo contrario sería lo inverso de lo que se dio en los años ochenta, cuando fueron expulsados de la UASD estudiantes de medicina puertorriqueños que falsificaron notas. Es un crimen el que se está cometiendo con los jóvenes médicos que se han graduado recientemente en nuestras universidades; el país necesita de muchos médicos más y con un mejor trato en el sistema nacional de salud.
La UASD no puede prestarse para las cosas se hagan como no deben hacerse, si no que se hagan como deben hacerse, para satisfacer necesidades, tanto las de los profesionales de la medicina como los de la población dominicana en general. Nuestra Primada de América no puede entrar en colusión con alguna que otra entidad estatal o no para perjudicar a la población dominicana en general, pero especialmente a los más dignos y a los más necesitados de ella, como los son los médicos que se gradúan en nuestras universidades y las personas que demandan los servicios de salud.
Nuestras universidades no deben formar médicos para que estos tengan que migrar del país y se produzca la fuga de cerebros. De nuestro país han emigrado muchos médicos, tan sólo pensemos en que a mediados de los años 70 se estima que de 400 médicos que se iban a graduar de nuestras universidades, el sistema nacional de salud no podía absorber ni el 50 % de estos. Se estimaba que más de 200 emigrarían fuera del país en busca de realizar alguna actividad laboral o de realizar alguna especialidad o postgrado, esto era hacia el año 1976.
Esta situación no era exclusiva de los médicos, también los agrónomos vivían una situación parecida, ya que muchos de estos emigraron fuera del país en busca de hacer una especialidad o algún curso de varios meses o años y a veces encontraban trabajo y se quedaban laborando fuera del país, habiendo necesidad de personal técnico en agronomía para la agricultura dominicana, ya fueran peritos o ingenieros agrónomos. Con un solo agrónomo la Secretaría de Estado de Agricultura en los años 70 pretendía darle asistencia a una gran cantidad de productores agrícolas en la zona rural, desde luego la labor del técnico no podía ser tan eficiente de esa manera. Aunque en aquellos tiempos la agricultura tradicional dominicana no había sufrido el deterioro que hoy tiene.
Pero si volvemos a los científicos de la salud, la cosa es muy grave hoy día. Las enfermedades virales proliferan hoy día tanto, amenazando a una población que aumentado de manera explosiva y que está hoy día más amenazada que nunca de padecer enfermedades infecto-contagiosas, tanto de origen viral como de origen bacteriano. El Estado dominicano tiene que responder a esa cruda realidad, a lo que bajo la hegemonía del capital financiero este se resiste a que se haga lo contrario. Hay evidencia de ello, con las ARS privadas que administran fondos para el seguro médico. El servicio que prestan estas entidades es muy precario y cobran mucho dinero que pagan los asegurados. De ese modo la cantidad de médicos que se gradúan en el país es excesiva, porque no se trata de atender todas las necesidades de coberturas de salud de la población si no dar un servicio de salud a quienes puedan pagarlo muy caro, porque se trata de hacer un negocio muy rentable; para esto tiene que una necesaria sobreoferta de médicos que no pueden ser bien retribuidos ni en los hospitales públicos y ni en las clínicas privadas.
Estas entidades, controladas por el capital financiero, administran colosales sumas acumuladas de fondos de seguro de salud. Esto ocurre así, mientras se le regatea a cualquier persona el servicio médico cuando van a una clínica u hospital en busca de curarse.
El capital financiero tiene que ser enfrentado, cueste lo que cueste, la banca debe ser nacionalizada, ya que el caos no nos dejará vivir.