RESUMEN
El vertiginoso operativo ejecutado la madrugada del pasado 3 de enero de 2026, bajo el nombre de «Operación Resolución Absoluta», no debe leerse simplemente como una acción de fuerza, sino como el desenlace de un proceso sociológico que Robert Michels describió con precisión quirúrgica hace más de cien años. La captura de Nicolás Maduro en Caracas, fundamentada en cargos de narcoterrorismo, ha generado una predecible ola de rechazo entre quienes esgrimen la soberanía como un escudo infranqueable. Sin embargo, para entender si existía otra salida, es imperativo analizar cómo la «Ley de Hierro de la Oligarquía» de Michels pasó de la teoría académica a la realidad política más cruda en el suelo venezolano.
En su obra fundamental, Los partidos políticos (1911), Michels sostenía que toda organización compleja termina inevitablemente controlada por una pequeña élite que prioriza su propia supervivencia. En Venezuela, el aparato construido alrededor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no solo confirmó esta tesis, sino que la llevó al extremo. Lo que en sus inicios se presentó como un movimiento de justicia social, derivó en una oligarquía que fusionó de forma descarada el Estado, el partido y las Fuerzas Armadas. Este triángulo de poder creó una estructura inexpugnable donde el discurso de «soberanía» servía como justificativo moral para que un grupo selecto se adueñara de cada institución del país.
Esta centralización absoluta del poder genera lo que Michels identificaba como el blindaje del liderazgo. Al controlar la totalidad de los recursos económicos, la narrativa mediática y la fuerza coercitiva, la élite se vuelve indispensable y, por definición, imposible de sustituir mediante mecanismos convencionales. Bajo esta dinámica, la psicología de las masas juega un papel fundamental: la propaganda y el control social fomentan una dependencia que anula la capacidad de respuesta ciudadana. El sistema venezolano dejó de ser una democracia para convertirse en un organismo de autopreservación que cerró todas las válvulas de escape institucional durante años.
A menudo se menciona que la única «vacuna» contra esta deriva es la participación popular consciente. Es fundamental reconocer que el pueblo venezolano no falló en la aplicación de este antídoto. La movilización masiva y el voto decidido en julio de 2024 fueron la prueba de una ciudadanía que intentó, por la vía civilizada, romper la Ley de Hierro. No obstante, cuando la oligarquía desconoce la voluntad popular y secuestra los organismos electorales, la vacuna es neutralizada por el poder absoluto. Ese desconocimiento de las urnas fue el punto de no retorno: la confirmación de que la estructura era ya de acero y que la política, como espacio de diálogo, había muerto definitivamente.
Bajo esta óptica, la intervención internacional ejecutada en estos primeros días de 2026 no aparece como una agresión caprichosa, sino como la respuesta inevitable ante una estructura que se volvió impermeable a la razón. Cuando una oligarquía controla las armas y los recursos de una nación con el único fin de protegerse a sí misma, las opciones de cambio se reducen a la fractura interna o la asistencia externa. Ante la solidez de la cúpula militar venezolana, la vía extraordinaria se convirtió en el mal menor. La «Operación Resolución Absoluta» representa, en última instancia, el inicio del necesario proceso de desarticulación de una organización que había decidido que el poder le pertenecía por encima de la voluntad de su propio pueblo.
Por Jean Carlos Paulino Vidal