RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Ricardo Saint-Hilaire ha condenado el supuesto acuerdo que considera de controvertido entre el Ministerio Público y algunos de los acusados en el caso de presunta corrupción Medusa.
Saint-Hilaire afirmó que algunos de los implicados en este caso se han declarado supuestamente culpables y han llegado a acuerdos con el Ministerio Público para devolver el dinero robado al Estado, a cambio de mantener su libertad. Según el comunicador, estos acuerdos implican condiciones que podrían comprometer la integridad del sistema judicial y administrativo del país.
El comunicador sostuvo que el supuesto acuerdo se enfoca en que los implicados aceptaron devolver al Estado el dinero sustraído de manera fraudulenta pagando obras y no que entreguen el dinero de manera liquidad.
“Es inaceptable que se establezcan acuerdos donde los acusados, tras admitir su culpabilidad, consigan permanecer libres simplemente devolviendo parte del dinero sustraído. Pero lo más alarmante es que dichos acuerdos incluirían la ejecución de obras de interés público y social por parte de los imputados, utilizando el dinero devuelto”, expresó.
Ricardo Sant-Hilaire se expresó en esos términos durante la conducción del programa “Políticas Públicas en Línea” transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
Saint-Hilaire denunció la existencia de un supuesto documento oficial que estipula que los acusados devolverán una cantidad de dinero al Estado Dominicano con la condición de que se les asignen proyectos de construcción de interés público. Según este supuesto acuerdo, el dinero recuperado se utilizaría para financiar dichas obras, las cuales serían gestionadas por los propios imputados.
«¿Cómo es posible que el Ministerio Público tenga la capacidad legal y jurídica para celebrar este tipo de acuerdo y otorgar contratos a terceros en nombre del interés público? Esto plantea serias dudas sobre si el Ministerio Público realmente es independiente”, cuestionó.
El comunicador resaltó la necesidad de una profunda revisión y supervisión de las acciones del Ministerio Público, para asegurar que cualquier tipo de acuerdo se realice conforme a la ley y en beneficio del interés público, sin permitir que los responsables de actos de corrupción eludan la justicia de manera indebida.
