La inclusión de personas con discapacidad en nuestro país es una asignatura laboral pendiente, aún con todas las conquistas e instituciones públicas y privadas comprometidas como parte de su Misión y Responsabilidad Social Corporativa.
Recientemente compartimos con el Dr. Cristóbal Miralles, en un diálogo organizado por la PUCMM donde con un grupo de expertos relacionados al tema, como parte de la cátedra de Alejandro E. Grullon E., los avances a nivel nacional y pudimos contrastar con la evolución internacional de crear marcos jurídicos que respondan a una verdadera integración, que además beneficia a la generalidad porque de una u otra manera todos tenemos limitaciones intelectuales y físicas.
Un punto dominante en el intercambio fue reconocer el círculo vicioso creado por la falta de voluntad para garantizar el acceso a una educación de calidad para los discapacitados, que redunda en que empresas con firme propósito hacerlos colaboradores, se vean limitadas en cantidad y competencias, cuando con una inversión mínima e incentivos amparados en la Ley de 5-13 podemos reinsertar a miles de dominicanos, mediante la reingeniería profesional más allá de cumplir con lo políticamente correcto.
Las estadísticas demuestran que países como Japón, España y Ecuador han abrazado este modelo logrando mejoras sustanciales en su PIB, bajando los niveles de desempleo, apostando a una propuesta transversal para la diversidad productiva donde las empresas que son ejemplos visibles de la inserción, gozan orgánicamente de la tan perseguida valoración social, fidelización de los clientes y excelente ambiente laboral; así que invertir en Responsabilidad Social Inclusiva es una buena práctica y un excelente negocio.