RESUMEN
La responsabilidad política constituye uno de los pilares menos comprendidos —y más erosionados— de las democracias contemporáneas. A diferencia de la responsabilidad penal, no se activa por la comisión directa de un delito, sino por la incapacidad de prevenir, controlar o corregir conductas que afectan gravemente el interés general. Cuando esta dimensión se diluye, emerge una peligrosa cultura de impunidad institucional.
En los regímenes presidencialistas, la responsabilidad política del jefe del Ejecutivo no se agota en la legalidad formal de sus actos. Abarca, además, la conducción efectiva del aparato administrativo, la selección de sus colaboradores y la supervisión continua del desempeño gubernamental. Gobernar no es delegar sin control, sino dirigir con responsabilidad.
La ausencia de consecuencias políticas frente a fallas estructurales de control envía un mensaje inequívoco al sistema: la ineficiencia, la negligencia o la tolerancia prolongada no tienen costo. Este fenómeno produce una normalización del desorden institucional, donde los errores graves dejan de ser excepciones para convertirse en parte del funcionamiento
ordinario del Estado.
La impunidad institucional no se manifiesta únicamente en la falta de sanciones penales, sino en la permanencia incuestionada de prácticas deficientes y de funcionarios políticamente responsables que nunca rinden cuentas. En ese contexto, el problema deja de ser individual y se transforma en una patología del sistema político-administrativo.
Desde la teoría constitucional, la responsabilidad política cumple una función preventiva esencial. No busca castigar, sino corregir, restaurar la confianza pública y reafirmar que el poder se ejerce bajo reglas. Cuando esta función desaparece, el Estado corre el riesgo de deslizarse hacia formas de gobierno donde el poder se ejerce sin incentivos reales para el autocontrol.
La experiencia comparada demuestra que las democracias más estables no son aquellas donde nunca ocurren escándalos, sino aquellas donde existen mecanismos políticos eficaces para asumir responsabilidades y cerrar las crisis institucionales. La dimisión, la remoción o la reconfiguración del gabinete han sido, históricamente, instrumentos de preservación democrática, no signos de debilidad.
En contraste, la negativa sistemática a asumir responsabilidades políticas fortalece una narrativa de desconexión entre poder y deber. El gobernante aparece como un espectador de su propio gobierno, mientras el aparato estatal opera sin dirección clara ni rendición de cuentas efectiva.
En definitiva, sin responsabilidad política no hay control real del poder, y sin control del poder no hay democracia constitucional auténtica. La impunidad institucional no se decreta: se construye día a día, cada vez que el sistema tolera la ausencia de consecuencias frente a fallas graves de gobierno.