RESUMEN
El caso Senasa ha vuelto a colocar en el centro del debate nacional una cuestión esencial: la responsabilidad que tiene el Gobierno de supervisar y controlar de manera eficiente la administración pública. La Constitución dominicana concibe un Estado social y democrático de derecho que solo puede funcionar si las instituciones actúan bajo un marco de control permanente. Cuando un fraude de gran magnitud sale a la luz en una entidad estratégica como Senasa, no estamos frente a un simple fallo administrativo, sino ante una fractura del deber constitucional de control.
El control administrativo es una función continua y no discrecional del Gobierno. La estructura institucional del Estado está diseñada para que existan mecanismos de supervisión jerárquica, sistemas de auditoría interna, órganos de fiscalización externa y protocolos de seguimiento que permitan detectar irregularidades antes de que se conviertan en escándalos. El fraude que operó durante años dentro de Senasa demuestra que estos mecanismos fueron insuficientes, ineficaces o no se activaron con la diligencia debida.
El artículo 138 de la Constitución establece que la administración pública debe actuar con transparencia, eficacia, eficiencia y sometida plenamente al orden jurídico. La corrupción en Senasa representa una vulneración directa de estos principios. No basta con identificar a los autores materiales del ilícito. Cuando la irregularidad adquiere un carácter sistémico, la responsabilidad también se vuelve sistémica y alcanza a las estructuras de dirección y supervisión que tenían el deber de prevenir, detectar y corregir las desviaciones.
Durante años, distintos gobiernos han intentado desvincularse de los escándalos de corrupción alegando desconocimiento. Sin embargo, en un Estado constitucional moderno, el desconocimiento no constituye una defensa legítima. La Constitución no concibe un Gobierno pasivo o distante, sino un poder político activo, vigilante y garante del correcto funcionamiento institucional. Si el Gobierno no conoce lo que ocurre en las instituciones bajo su autoridad, incurre en negligencia grave; si lo conoce y no actúa, incurre en omisión. Ambos comportamientos afectan su legitimidad.
La reacción tardía del Gobierno ante el caso Senasa profundizó la indignación ciudadana. La activación de medidas solo después de que el escándalo alcanzara gran repercusión pública evidencia un enfoque reactivo y no preventivo del control estatal. Ello proyecta la idea de que el interés en salvaguardar el patrimonio público aparece únicamente cuando el costo político se vuelve insostenible, y no como resultado de una convicción institucional y ética.
El Gobierno tiene la obligación constitucional de fortalecer los controles internos, especialmente en instituciones como Senasa, cuya labor impacta directamente la protección social y el derecho a la salud de millones de dominicanos. La ausencia de supervisión adecuada no solo facilita la corrupción, sino que produce un daño profundo a la credibilidad del Estado, deteriora la moral del funcionariado honesto y alimenta la desconfianza generalizada de la población frente a las instituciones.
La responsabilidad política implica mucho más que sancionar a los autores directos del fraude. Exige reconocer las fallas institucionales, asumir consecuencias y ejecutar reformas estructurales que garanticen que episodios similares no vuelvan a repetirse. Cuando el Gobierno limita su respuesta a la sustitución de funcionarios o a declaraciones defensivas, envía un mensaje peligroso: que las estructuras estatales pueden fallar sin que exista una verdadera voluntad de transformación.
El caso Senasa revela la urgencia de avanzar hacia un modelo de gobernanza basado en la integridad pública. Ello supone profesionalizar la administración, blindar los sistemas de auditoría, robustecer los órganos de control, establecer protocolos claros de rendición de cuentas y garantizar que las alertas institucionales funcionen con autonomía frente a presiones políticas. Un Gobierno que no controla eficazmente es un Gobierno vulnerable, y un Estado vulnerable se convierte en espacio propicio para la captura por intereses particulares.
La ciudadanía tiene derecho a exigir absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos y a demandar que el Gobierno cumpla con su deber constitucional de control. La responsabilidad en la dirección de la administración pública es permanente, indelegable y esencial para preservar la legitimidad democrática. El ejercicio del poder no se justifica únicamente por el origen electoral, sino por la forma en que se administra la cosa pública.
El caso Senasa debe asumirse como una advertencia histórica. Cuando el Gobierno descuida su deber de control, la corrupción se institucionaliza y los daños trascienden lo económico para afectar la confianza, la cohesión social y la credibilidad del propio Estado. Si la República Dominicana aspira a consolidar un verdadero Estado social y democrático de derecho, resulta imprescindible que el Gobierno asuma con firmeza su responsabilidad constitucional y garantice que la administración pública funcione con la transparencia, la probidad y la eficiencia que la Constitución exige.
Por José Manuel Jerez