Fuente de los sistemas de justicia de los países iberoamericanos dan seguimiento a las decisiones de la Corte Suprema de Brasil, que continua su avanzada hacia la regulación de los contenidos digitales. En una votación histórica del año pasado el máximo tribunal brasileño aprobó el endurecimiento de las reglas que rigen el accionar de redes sociales y plataformas tecnológicas, abriendo una nueva etapa en la protección de la información y la responsabilidad de las empresas tecnológicas frente a contenidos ilegales.
El contexto de este precedente se estableció una revisión del Marco Civil de Internet, ley aprobada en el año 2014, que inicio un camino trascendental hacia la protección de la privacidad de los usuarios y la libertad de expresión. Esta legislación fue celebrada inicialmente como un modelo progresista, expertos como el profesor Ronaldo Lemos uno de sus redactores originales, advirtieron desde hace años que el marco legal no contemplaba mecanismos eficaces para enfrentar la desinformación y los discursos de odio en plataformas, “El espíritu garantista del Marco Civil ahora choca con la necesidad de proteger la democracia frente a la manipulación digital”, afirmó Lemos en una reciente entrevista para Folha de São Paulo.
El sistema judicial Brasileño, considerado uno de los más avanzado de toda la región tomó una decisión importante al declarar que las plataformas digitales pueden ser responsabilizadas civilmente por contenidos ilícitos si no los retiran de forma inmediata tras ser notificadas por una decisión del Supremo Tribunal. El fallo fue encabezado por el magistrado Alexandre de Moraes, quien en los últimos años ha liderado desde el alto tribunal las acciones contra la desinformación y la incitación a la violencia en línea. El juez establece que las plataformas “no pueden seguir actuando como si fueran simples intermediarias tecnológicas sin responsabilidad por los efectos sociales de sus algoritmos”.
Por consiguiente, la sentencia establece que las plataformas no podrán alegar la neutralidad de red para justificar la demora o la omisión en el retiro de contenido que incite al odio, promueva el racismo, difunda noticias falsas, además en los casos de urgencia, como discursos de odio o amenazas directas a personas o instituciones, se permite que el Poder Judicial ordene bloqueos temporales de cuentas o perfiles sin necesidad de una audiencia previa y esto representa una modificación sustancial en la interpretación de los principios del Marco Civil.
En los últimos años noticieros importantes de todo el mundo han destacado la postura del magistrado Alexandre para resolutar el cierre de cuentas de redes sociales y limitar el acceso a plataformas específicas en circunstancias consideradas extremas. En abril del año 2023, una instancia del magistrado suspendió temporalmente Telegram en todo el país debido a su negativa a colaborar con investigaciones judiciales. En el año 2024, otra media judicial implementó medidas análogas contra servicios digitales que facilitaban la diseminación de amenazas a funcionarios públicos, a pesar de que estas medidas provocaron reacciones divergentes, numerosos juristas las respaldan como «medidas excepcionales frente a riesgos excepcionales», tal como lo expresa el constitucionalista Pedro Serrano.
Personalidades académicas como Laura Schertel Mendes, profesora de derecho en la prestigiosa Universidad de Brasilia, señala que estas decisiones reflejan el creciente reconocimiento de que la libertad de expresión en entornos digitales es un compromiso judicial, al igual que su regulación. La desinformación sistemática, especialmente la impulsada por redes automatizadas, tiene efectos directos en la vida democrática y la Corte está actuando para reequilibrar el terreno de la justicia.
En este sentido, estas acciones judiciales podrían tener repercusiones fuera de Brasil. organizaciones como el Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han observado con atención este giro normativo, considerando que sienta las bases jurídicas para futuras legislaciones en países que aún carecen de marcos legales robustos en materia de internet y plataformas, en ese sentido, Brasil se posiciona como un laboratorio jurídico de gran relevancia para toda la región latinoamericana en el debate global sobre el poder de las plataformas tecnológicas frente al Estado de derecho.
Finalizamos con el precedente histórico de la Corte Suprema de Brasil que representa una modificación significativa en la regulación del funcionamiento de las plataformas digitales, así como su Marco Civil de Internet. El tribunal estableció que dichas entidades digitales pueden estar sujetas a responsabilidad por no retirar contenidos ilícitos una vez notificados mediante resolución judicial, lo que podría propiciar bloqueos judiciales inmediatos en circunstancias de urgencia.
Artículo escrito por: Lic. Ysaías J. Tamarez
Fecha: 23/07/2025.