La República Dominicana enfrenta una crisis vial que se ha convertido en una auténtica “epidemia silenciosa”. No es un simple problema de tapones o de calles estrechas: hablamos de vidas perdidas a un ritmo alarmante. Según estimaciones recientes, el país registra alrededor de 65 muertes por cada 100,000 habitantes debido a accidentes de tránsito, una de las tasas más altas del mundo y la más elevada en América Latina. Algunas fuentes oficiales, como la DIGESETT, intentan matizar las cifras y las colocan en torno a 17 por cada 100,000, pero aun así la República Dominicana sigue muy por encima del promedio global, que ronda las 17 muertes. En cualquiera de los escenarios, la realidad es clara: la inseguridad vial es hoy la primera causa de muerte violenta en el país.
Los que viajan desde países más avanzados en términos de tránsito perciben el caos a simple vista: túneles y puentes sin señalización adecuada, semáforos que no funcionan, carreteras sin líneas visibles, paradas improvisadas y un sinfín de badenes mal diseñados que, en vez de prevenir accidentes, obstaculizan y paralizan la circulación. A esto se suman situaciones absurdas y peligrosas como el robo de tapas de alcantarillas en avenidas principales, que no solo dañan vehículos, sino que en muchos casos han provocado accidentes fatales. En las calles de Santo Domingo y Santiago, manejar es más una apuesta a la suerte que un ejercicio de movilidad ordenada.
La raíz del problema no está únicamente en la infraestructura, sino también en la cultura vial y la falta de autoridad. Muchos conductores no conocen ni respetan las normas básicas de tránsito, mientras que los agentes encargados de hacerlas cumplir carecen de preparación suficiente o, peor aún, las ignoran deliberadamente. Multas que se anulan fácilmente, ausencia de un sistema de acumulación de puntos en las licencias y la inexistencia de seguros penalizadores alimentan un círculo vicioso en el que el infractor reincide sin consecuencias reales.
El transporte público tampoco ofrece una salida efectiva. El Metro de Santo Domingo, con apenas dos líneas, es insuficiente para una ciudad de millones de habitantes, y el teleférico, aunque innovador y atractivo, moviliza a un número reducido de personas a un costo muy elevado. Las guaguas y carros públicos circulan muchas veces en condiciones deplorables, con frecuencias irregulares y sin ofrecer seguridad. Esto empuja a miles de dominicanos a optar por vehículos privados o motocicletas, lo que aumenta la congestión y multiplica la vulnerabilidad en las vías.
Las consecuencias no se quedan en los números de víctimas. La congestión vehicular consume horas productivas, eleva los niveles de estrés y contamina el aire de las ciudades. Empresas y familias pierden recursos por daños materiales, gastos médicos y ausencias laborales. El impacto económico de esta crisis es tan evidente como el social: un país con un tránsito disfuncional compromete su competitividad, su turismo y, sobre todo, el bienestar de sus ciudadanos.
No obstante, la República Dominicana no tiene por qué resignarse a este destino. Países como Suecia demostraron que, con voluntad política y planificación, es posible revertir la tragedia vial. Bajo la estrategia Visión Zero, ese país redujo drásticamente las muertes en carretera: de 541 en 1997 a menos de 200 en 2021, todo mientras aumentaba el parque vehicular. Su secreto fue un enfoque integral: mejorar la infraestructura. La República Dominicana, sin temor a equivocarme, necesitaría mucho más.