En agosto de 2020, Luis Abinader asumió la presidencia de la República Dominicana con promesas de cambio radical: erradicar la corrupción, impulsar el crecimiento económico inclusivo y resolver los problemas estructurales que habían plagado al país durante décadas. Cinco años después, en septiembre de 2025, el panorama es desolador. Lo que se vendió como una era de prosperidad ha degenerado en un abandono total, donde ni siquiera los problemas más básicos han sido atendidos. El gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha priorizado la imagen internacional y los titulares positivos, estos últimos, pagando grandes sumas de dinero del erario, para pagar bocinas que hablen a favor del gobierno, mientras la realidad cotidiana de los dominicanos se hunde en la inseguridad, la desigualdad y la crisis humanitaria. Esta no es solo una crítica; es un llamado de atención ante un liderazgo que ha fallado en lo esencial.
Si bien el gobierno presume de un crecimiento económico sostenido, este ha sido superficial y no ha permeado a las capas más vulnerables de la sociedad. En 2025, el país enfrenta una deuda pública elevada y un sistema fiscal ineficiente que no genera ingresos suficientes para invertir en servicios básicos. El intento de reforma fiscal en octubre de 2024 fue un fiasco: presentado como una solución a la baja recaudación tributaria, fue retirado rápidamente ante protestas masivas y críticas por su impacto regresivo en la clase media y pobre. En lugar de resolver la baja carga impositiva, una debilidad crónica comparada con pares regionales, el gobierno optó por el retroceso, dejando al país vulnerable a shocks externos como la inflación persistente y la dependencia del turismo. ¿Prosperidad? Solo para unos pocos; para la mayoría, es un abandono económico que perpetúa la pobreza, a pesar de las cifras maquilladas de reducción en las estadísticas oficiales.
El costo de la canasta básica se ha disparado, convirtiéndose en un peso insoportable para las familias trabajadoras. Arroz, aceite, huevos, carne y otros productos esenciales alcanzan precios que superan la capacidad de compra del salario mínimo. A esto se suma el incremento constante en la tarifa eléctrica, con facturas que golpean cada vez más el presupuesto familiar, mientras los apagones prolongados siguen afectando barrios enteros y paralizando pequeños negocios. A esta presión se añade el dólar a 64.14 pesos, encareciendo de golpe todos los artículos de consumo masivo: desde alimentos y medicinas hasta la energía eléctrica, los pasajes interurbanos y el transporte hacia las principales ciudades. La dependencia de productos importados hace que cada alza de la divisa sea una sentencia directa contra el bolsillo del pueblo.
Ahora bien, a este desastre se suman escándalos que comprometen directamente a dirigentes del PRM: el exdiputado Miguel Gutiérrez, del PRM, fue arrestado en Miami en mayo de 2021 por narcotráfico y, en 2024, fue condenado a 16 años de prisión por conspiración para traficar más de cinco toneladas de cocaína a EE.UU.; la diputada Rosa Pilarte, también del PRM, enfrenta procesos por lavado de activos y fue condenada presuntamente por estar vinculada al lavado de miles de millones de pesos provenientes del narcotráfico; y el regidor “Yeyea”, igualmente extraditado por sus vínculos con el narcotráfico. Además, está el caso de Yamil Abreu Navarro, exdirector del Ayuntamiento de Las Lagunas (PRM), extraditado en septiembre de 2020 a EE.UU. por cargos de narcotráfico. También figuran otros extraditados que, sin ocupar cargos electos ni designados, han sido señalados por mantener estrechos vínculos con el PRM y con funcionarios de este gobierno.
Estos hechos exponen una política contaminada por la complicidad: diputados extraditados, una legisladora condenada, un regidor llevado a otro país por narcotráfico y allegados al oficialismo implicados en casos internacionales. Esto no es discurso, es evidencia de un sistema institucional penetrado por redes criminales que operan desde adentro y alrededor del PRM.
La corrupción que Abinader prometió combatir sigue viva, y lo más grave es que ahora se concentra en áreas clave de su propia gestión. Escándalos como las irregularidades en el Ministerio de la Juventud, contratos cuestionados en el sector salud, compras sobrevaloradas en el Propeep, manejos turbios en programas sociales como Supérate y fallos en la ejecución de Solidaridad, demuestran que la transparencia se ha quedado en el discurso. El mismo gobierno que se vendió como distinto ha tolerado y protegido a funcionarios señalados por mal manejo de fondos públicos, debilitando la credibilidad de cualquier iniciativa anticorrupción.
En salud, educación e infraestructura, el panorama es igual de desalentador. A pesar de inauguraciones de hospitales y aumentos en gasto social, el sistema sanitario sigue colapsado, con falta crónica de medicamentos esenciales y protocolos que excluyen a quienes no pueden pagar. El costo de tratar enfermedades crónicas o de alto riesgo es prohibitivo, condenando a muchos a interrumpir tratamientos vitales. La delincuencia se ha convertido en una sombra permanente sobre barrios y ciudades, con asaltos, robos y violencia cada vez más frecuentes. En paralelo, la drogadicción se expande en comunidades vulnerables, atrapando a jóvenes sin oportunidades laborales o educativas, mientras el gobierno carece de programas reales de prevención y reinserción. La educación no ha visto reformas estructurales, y la inseguridad pública, heredada pero no mitigada, continúa azotando barrios enteros. El crimen organizado, la violencia y la falta de inversión en sectores críticos como el transporte y la energía revelan un gobierno más enfocado en megaproyectos cosméticos que en soluciones cotidianas. ¿Cinco años y ni el mínimo problema resuelto? Exacto: el abandono es total, desde las calles inundadas por lluvias hasta la precariedad laboral que afecta a millones.
El gobierno de Luis Abinader ha fallado en prácticamente todos los aspectos de la vida nacional. En lo económico, no logró que el crecimiento se tradujera en bienestar para la mayoría; en seguridad, no contuvo el avance del crimen y la violencia; en salud, dejó hospitales sin recursos, medicamentos ni personal suficiente; en educación, no impulsó cambios estructurales que garanticen calidad y equidad; en políticas sociales, abandonó a los sectores más vulnerables, incapaz de frenar el aumento del costo de vida ni de proteger a quienes más lo necesitan. En el frente internacional, sus decisiones han aislado al país y deteriorado relaciones clave.
Cinco años después, el resultado es un país más caro, más inseguro, más endeudado y más dividido. El llamado “cambio” se convirtió en un espejismo que solo benefició a una élite, mientras la mayoría carga con la factura de la improvisación, el abandono y la falta de visión de Estado. Con este historial de desaciertos, corrupción tolerada, vínculos con el narcotráfico y políticas fallidas, es inminente la salida del PRM del poder. El pueblo ya no cree en su palabra y, con un país golpeado en todos los frentes, el castigo en las urnas será la respuesta inevitable a una gestión que pasará a la historia como una de las más decepcionantes y dañinas para la República Dominicana.