RESUMEN
El próximo 22 de septiembre se cumplirán 27 años de aquel martes gris de 1998, cuando el huracán Georges azotó la República Dominicana con una furia cuya memoria aún resuena en la conciencia colectiva. Yo era apenas una niña y recuerdo cómo mi madre acogió en casa a vecinos cuyas frágiles viviendas no resistirían los embates del ciclón. Mientras los adultos observaban desde las ventanas cómo el viento arrancaba techos de zinc que surcaban el aire como alfombras de la película de Aladino, y los árboles y postes del tendido eléctrico se doblegaban como olas en un mar embravecido, yo, en mi inocencia, repartía «fritos» con salami a mis amigas, intentando inyectar algo de normalidad en aquella jornada interminable.
Tras más de 24 horas de un viento que rugía como un infierno desatado, Georges dejó un saldo devastador: más de 380 víctimas mortales; alrededor de 100,000 refugiados y 185,000 personas sin hogar; cerca del 90 % de los cultivos destruidos y más de 190,000 hectáreas agrícolas arrasadas; la paralización de los sistemas eléctrico e hídrico, que dejó a más de un millón de personas sin agua potable; y pérdidas económicas que superaron los 1,000 millones de dólares. Fue una tragedia que no solo marcó a una generación, sino que desnudó la extrema vulnerabilidad de nuestro país ante los fenómenos climáticos.
Paradójicamente, en ese mismo 1998 ya estaba en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el primer gran acuerdo internacional para enfrentar esta amenaza. Sin embargo, las advertencias científicas no han bastado para que la República Dominicana deje de figurar entre los países más expuestos. Índices como el ND-GAIN Index, que nos sitúa entre los primeros en vulnerabilidad y los últimos en preparación, y el World Risk Index 2023, que nos incluye entre las 41 naciones de mayor riesgo, confirman lo que la experiencia diaria nos grita: vivimos en la primera línea de la crisis climática.
Desde entonces, múltiples fenómenos han golpeado la isla: huracanes, tormentas, inundaciones y sequías que han afectado a millones de dominicanos, dejando pérdidas económicas multimillonarias y ahondando la desigualdad social. Hoy, los impactos son aún más tangibles: noches en que las temperaturas superan los 40 °C duplican la demanda eléctrica y llevan al límite nuestro sistema energético; el sargazo invade nuestras costas, obligándonos a repensar un modelo turístico de sol y playa que ha sido nuestra principal fuente de divisas; y en el campo, las sequías prolongadas y los suelos agrietados amenazan la agricultura y la ganadería, al punto de que productos emblemáticos como el café y el cacao podrían desaparecer de nuestras tierras en pocas décadas.
Los desafíos que impone el cambio climático no esperarán a que tengamos un liderazgo que piense en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Necesitamos dirigentes que tomen decisiones coherentes con los compromisos internacionales que hemos firmado, apostando por la descarbonización y la reducción de gases de efecto invernadero, aun a costa de la popularidad política. Porque el pueblo, que con sus
impuestos financia al Estado y a los partidos, merece decisiones basadas en la ciencia, no en el cálculo populista.
Desde mi formación en ingeniería química y mis investigaciones de grado y posgrado sobre energías renovables a partir de residuos sólidos, hasta las iniciativas que promuevo en el Congreso —como las leyes de Eficiencia Energética, Seguridad Energética y la Ley Nuclear, junto al impulso de la generación con gas natural y fuentes limpias—, he defendido que solo un liderazgo honesto, autocrítico y responsable puede evitar que repitamos los errores del pasado. Esta exigencia no es por nosotros, sino por los millones de dominicanos que ya padecen la falta de seguridad energética, agua potable, viviendas dignas y alimentos asequibles como consecuencia directa de no haber adaptado nuestras políticas públicas al mayor desafío de nuestro tiempo.
Como crítica de la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina, debo aclarar que mi oposición nunca se dirigió a la capacidad de generación que aportó al sistema, sino a la tecnología de carbón que emplea. El carbón no solo provoca —según estudios de la UASD y otras instituciones— la muerte prematura de más de 59 ciudadanos cada año en esa provincia y agrava enfermedades respiratorias e hipertensión, sino que además nos ata a la dependencia de un combustible que no producimos y cuyo precio se disparó de 60 a 400 dólares por tonelada durante la guerra en Ucrania.
Se podría argumentar que el gas natural, la alternativa planteada en la Hoja de Ruta Energética del Worldwatch Institute en 2015, también es un combustible importado y, por ende, de precio volátil. Sin embargo, la diferencia fundamental reside en la flexibilidad operativa. Las plantas a gas pueden encenderse y apagarse con rapidez, lo que permite integrar las energías renovables intermitentes —solar y eólica— que, según el BID, son un 40 % más baratas y podrían suplir hasta un 85 % de nuestra matriz eléctrica. Esta flexibilidad nos ahorraría los más de 5,500 millones de dólares gastados en los últimos cinco años para operar con carbón. Con lo que nos habríamos ahorrado podríamos estar generando el doble del total de la demanda nacional, lo que significaría que todos los hogares dominicanos tendrían energía barata, no contaminante e independiente de lo que pase en el resto del mundo.
Detengámonos a pensar en esto, porque aquí yace una de las ironías más dolorosas de nuestra historia reciente, y es un imperativo moral que la gente lo sepa. El monumental error de haber ignorado aquella hoja de ruta energética no fue solo una mala decisión política; fue la renuncia a un futuro al que teníamos derecho. Esos miles de millones de dólares que se esfumaron en carbón importado no son una cifra abstracta. Representan la tranquilidad de cada familia que hoy sufre con una factura de luz impagable, la competitividad de nuestras empresas frenada por los apagones y la frustración de una juventud que anhela un desarrollo sostenible.
Hay una verdad que debe motivarnos a exigir un cambio radical, y es esta: el país que tenemos no es el país que podríamos tener. Es crucial que la gente sepa que, de no haber sido por la terrible miopía de ignorar la hoja de ruta energética que ya existía, hoy estaríamos produciendo el doble de la energía que consumimos. No es una exageración, es la fría realidad del costo de oportunidad. Cada peso que se gasta en combustibles fósiles caros es un peso que no se invirtió en nuestra independencia. Esa decisión equivocada del pasado no debe ser una condena, sino un recordatorio permanente de que el futuro está en nuestras manos y que no podemos permitirnos volver a desaprovecharlo.
Esa meta no la alcanzamos porque las centrales de carbón como Punta Catalina, por su naturaleza técnica, no pueden apagarse y prenderse en minutos. Esta inflexibilidad operativa es, en la práctica, un muro que frena la penetración masiva de las renovables. Hemos malgastado miles de millones importando carbón, pagando un alto costo en salud pública por su contaminación y heredando el pasivo ambiental de gestionar miles de toneladas de cenizas tóxicas. Mi crítica, por tanto, no se dirige al objetivo del gobierno de Danilo Medina de añadir 720 MW de capacidad, sino a la elección de una tecnología contaminante y dependiente que nos impide aprovechar los recursos que sí producimos en abundancia y de forma gratuita: el sol, el viento y el agua. Con ellos podríamos llevar energía más barata y limpia a todos los hogares.
Afortunadamente, el rumbo comienza a corregirse. Hay que reconocer que el gobierno actual, aunque ha enfrentado muchas dificultades, está haciendo esta transición energética tan necesaria. La integración de 1,400 MW de nueva potencia, de los cuales 800 MW provienen de energía renovable —una capacidad superior a la que genera Punta Catalina—, es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, para consolidar este avance, reitero que el cambio de algunos funcionarios que a mi parecer coinciden más con la visión del gobierno anterior es necesario y urgente.
Finalmente, veintisiete años después de ver los techos volar como alfombras mágicas, entiendo que la verdadera adaptación al cambio climático es construir un país donde nadie tenga que buscar refugio por la imprevisión de sus líderes. La lección de nuestra política energética debe replicarse con urgencia en la agricultura, el turismo, el transporte y la industria. Hacemos esto para que los dos millones de dominicanos más vulnerables, los herederos de la misma fragilidad que padecimos con Georges, dejen de estar en la primera línea de la furia climática. Se lo debemos a ellos, y a la niña que un día repartió «fritos» con salami, soñando con un país tan fuerte como la solidaridad de su gente en aquella tormenta.
Por: Kimberly Taveras Duarte. Diputada, Circunscripción núm. 5, Provincia Santo Domingo, Miembro de la Comisión Permanente de Energía.