EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El representante del Grupo LPI Muñoz, Juan Aguilar Mesa rechazó este jueves las acusaciones vertidas en su contra sobre presunta estafa, al considerar que las mismas son malintencionadas y carecen de fundamento.
Aguilar Mesa aclaró los hechos en torno a una denuncia presentada por un cliente, destacando la legalidad de las acciones emprendidas por la empresa.
Explicó que en sus inicios el Grupo LPI Muñoz se dedicaba al alquiler de vehículos, pero desde 2021 la empresa amplió su actividad y comenzó a operar como financiera de vehículos trabajando con marcas reconocidas como Hyundai y Kia.
«Las acusaciones que se nos han hecho no tienen sustento, ya que como empresa actuamos siempre conforme a la ley y los contratos establecidos», aseguró.
El abogado emitió sus opiniones al ser entrevistado por la vía telefónica por los comunicadores Jaime Rincón, Aneudys Ramírez y Raquel Rodríguez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.
(Ver programa).
El representante de la empresa detalló que la denuncia de un cliente, quien alegó haber adquirido un vehículo de la marca Hyundai Avante, fue el origen de la controversia.
Según el cliente el vehículo no correspondía a los modelos que Grupo LPI Muñoz ha venido ofertando a sus diversos públicos.
Sin embargo, Aguilar Mesa explicó que el cliente en cuestión firmó un contrato de alquiler con opción a compra de un vehículo, un documento debidamente registrado y notarizado.
“Este cliente se comprometió a pagar 24 mil pesos mensuales en cuotas, las cuales incluían tanto el capital como los intereses, dejando de cumplir con sus pagos por lo que la empresa agotó el procedimiento legal correspondiente y se procedió a la ocupación del vehículo”, detalló.
En cuanto al proceso de incautación, explicó que el cliente tenía dos cuotas vencidas, lo que facultaba a la empresa, conforme al artículo 10 de la Ley 483, a proceder con la incautación del vehículo.
“El vehículo le fue incautado el 22 de noviembre y según establece la ley, el cliente tenía un plazo de 10 días para recuperar el vehículo. Al no realizar el pago de la deuda acumulada, el vehículo fue finalmente puesto en pública subasta el 16 de diciembre”, explicó.
El representante de Grupo LPI Muñoz aclaró que el cliente aún tiene la opción de recuperar el vehículo incautado, siempre que cubra los gastos y la deuda pendientes.
“En todo momento hemos actuado de acuerdo con las normativas legales y no toleraremos acusaciones falsas que buscan dañar la reputación de la empresa», sostuvo.
