El caso SENASA debe ser asumido como una señal de alarma nacional. No estamos ante un episodio aislado ni ante un simple fallo administrativo. Lo ocurrido evidencia fallas profundas en la arquitectura institucional del Estado dominicano y exige un proceso urgente de reformas orientadas a consolidar un sistema de integridad pública capaz de prevenir, detectar y sancionar la corrupción antes de que alcance niveles catastróficos.
El primer paso para evitar que se repita un fraude de esta magnitud es fortalecer los mecanismos de control interno en todas las instituciones públicas. SENASA reveló que los sistemas de auditoría, seguimiento financiero y supervisión administrativa no funcionaron con la rigurosidad necesaria. Estos mecanismos deben modernizarse, automatizarse y operar con independencia técnica, alejados de cualquier interferencia política.
Una reforma indispensable es la profesionalización plena del servicio público. Mientras los nombramientos continúen dependiendo de criterios discrecionales y no de méritos verificables, las instituciones seguirán expuestas a la vulnerabilidad y a la captura por intereses particulares. La creación de una carrera administrativa real, blindada frente a presiones externas, es un pilar esencial para garantizar la integridad del Estado.
La tecnología debe convertirse en aliada estratégica de la transparencia. Un sistema moderno de integridad pública requiere plataformas digitales que permitan el cruce de información en tiempo real, alertas automáticas ante movimientos sospechosos y trazabilidad completa de cada operación financiera. La corrupción prospera en la opacidad; la tecnología reduce esa opacidad y limita drásticamente el margen de maniobra de las redes ilícitas.
También es urgente fortalecer la independencia y capacidad operativa de los órganos de control externo. La Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y los organismos de supervisión sectorial deben operar con autonomía, recursos suficientes y facultades legales claras para auditar, investigar y sancionar irregularidades. La falta de supervisión efectiva fue una de las condiciones que permitió que el fraude en SENASA se consolidara durante años.
La República Dominicana necesita avanzar hacia un sistema nacional de integridad coordinado, donde la prevención, la sanción y la educación ética formen parte de un mismo engranaje institucional. Esto implica integrar a las instituciones públicas, órganos de control, sociedad civil y academia en un modelo colaborativo que permita un monitoreo continuo del cumplimiento de las normas y de los estándares de transparencia.
El Gobierno debe adoptar una postura clara y firme frente a la corrupción. Ello implica actuar de manera preventiva y no reactiva, desarrollar políticas públicas de integridad, garantizar que las sanciones sean efectivas y romper con la cultura de impunidad que ha debilitado la confianza de la población en sus instituciones. La lucha contra la corrupción no puede depender del costo político del momento, sino de un compromiso ético permanente.
Es necesario revisar los marcos legales que rigen la administración pública. Leyes desactualizadas, vacíos normativos y sanciones insuficientes crean incentivos perversos que facilitan prácticas indebidas. Una reforma legal integral, orientada a fortalecer la responsabilidad administrativa y penal, es fundamental para asegurar que los recursos públicos sean utilizados con la probidad que exige la Constitución.
Otro elemento esencial es la educación ética. Ninguna reforma tendrá éxito si no se genera una cultura pública de integridad desde la formación académica hasta la práctica cotidiana del servicio público. La ética no puede ser un accesorio: debe ser el eje sobre el cual se construye el comportamiento institucional. Un Estado íntegro solo es posible si quienes lo integran comprenden y asumen la naturaleza sagrada del patrimonio público.
El caso SENASA debe marcar el inicio de una nueva etapa en la historia institucional del país. Es el momento de transformar la indignación colectiva en acción estructural. La República Dominicana tiene la oportunidad de construir un sistema de integridad pública robusto, transparente y moderno, capaz de garantizar que los recursos destinados al bienestar social nunca más sean capturados por redes de corrupción. Esta es una responsabilidad histórica que el Estado no puede evadir.
Por José Manuel Jerez