RESUMEN
Conscientes de los efectos negativos de la corrupción y gracias a la presión de distintos actores nacionales e internacionales, en la República Dominicana durante las últimas dos décadas se aprobaron leyes como la de Libre Acceso a la Información Pública (Ley No. 200-04), la ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado (Ley No. 340-06), la Ley sobre Función Pública (Ley No. 41-08), la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público (Ley 423-06) y la Ley de Planificación e Inversión Social (Ley No. 498-06).
Además, se puso en vigencia un nuevo diseño institucional con el propósito de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. En el 1997 se creó el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, que luego pasó a ser la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA). Posteriormente esta instancia se transformó en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
En el 2005 se constituyó la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, que luego pasó a ser la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Por otro lado, se promovieron importantes reformas dirigidas a fortalecer tanto la Cámara de Cuentas (Ley No. 10-04) como la Contraloría General de la República (Ley 10-07). Otra reforma relevante fue la de la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio (Ley No. 311-14).
Estos importantes cambios debieron sentar las bases para la promoción de una gestión pública caracterizada por la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, a pesar de estas reformas, la ciudadanía percibe pocos avances y limitados resultados en materia de lucha contra la corrupción en el país.
Por Henry Nuñez Diaz