RESUMEN
Desde la promulgación del Código de Trabajo en 1992, la cesantía ha sido una de las conquistas más emblemáticas del sector laboral dominicano. Este derecho, representa un mecanismo de protección ante la terminación del contrato de trabajo, que ha permitido a miles de familias sobrellevar con mayor estabilidad la pérdida de un empleo. Más que una simple indemnización, la cesantía simboliza dignidad y equilibrio social, pilares esenciales del contrato laboral dominicano.
Reconocer ese valor es indispensable, sobre todo en medio del proceso de reforma que hoy se discute en el Congreso Nacional. No se trata de desconocer derechos ni de despojar a la clase trabajadora de conquistas alcanzadas con esfuerzo y legitimidad. Cualquier modificación debe partir del respeto a ese legado social, garantizando que los trabajadores continúen contando con un marco de protección justo y humano.
Sin embargo, a más de tres décadas de su creación, el país y el mundo son otros. En 1992, el panorama empresarial dominicano estaba dominado por un tejido productivo concentrado en grandes industrias, zonas francas y un número limitado de medianas empresas con estructuras formales y estables. La economía estaba fuertemente orientada al sector industrial y manufacturero, lo que hacía viable que el sistema de cesantía recayera principalmente en empresas de mayor capacidad económica.
Hoy, el concepto de “empresa” se ha transformado radicalmente. Abarca desde conglomerados multinacionales hasta microemprendimientos familiares, colmados, talleres, negocios digitales y empresas de servicios que operan con márgenes mínimos de rentabilidad. En este contexto, el mismo modelo legal que se diseñó para regular a grandes industrias, hoy se aplica a pequeños negocios que apenas pueden sostener su nómina, generando una rigidez que, lejos de fomentar el crecimiento, amenaza la sostenibilidad del aparato productivo nacional.
A esta realidad se suman factores globales ineludibles: Tensiones geopolíticas, volatilidad en los precios de las materias primas y una desaceleración económica que impacta directamente a la República Dominicana. Nuestro país, que en años recientes exhibió un crecimiento económico superior al promedio regional, enfrenta hoy una ralentización que demanda prudencia, eficiencia y visión de futuro.
En este escenario, pretender sostener un modelo laboral sin ajustes estructurales sería desconocer la realidad del presente y comprometer el futuro. Pero también sería un error enfocar la reforma desde una lógica de “ganadores y perdedores”. Ni los trabajadores pueden ser los sacrificados, ni el empresariado puede seguir asumiendo en solitario los costos de un sistema que ya no se corresponde con las dinámicas del siglo XXI.
El momento exige un verdadero pacto nacional, donde participen el Estado, el sector empresarial y el sector trabajador, conscientes de que el desarrollo sostenible sólo se alcanza cuando las cargas y los beneficios se distribuyen con justicia. Y en ese pacto, el Estado debe ser el primero en dar el ejemplo: Eficientizando el gasto público, reduciendo la burocracia, priorizando la inversión productiva y revisando su propio tamaño, para demostrar que los sacrificios son posibles y que todos deben contribuir a la construcción de un modelo más competitivo y equitativo.
En cuanto a las posibles alternativas, distintos sectores han coincidido en que cualquier reforma debe preservar la protección del trabajador y fomentar la formalidad laboral.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ha presentado al Congreso Nacional un conjunto de propuestas orientadas a modernizar el régimen laboral dominicano. Entre ellas, plantea ajustar el cálculo de la cesantía con base en un promedio de los salarios devengados y establecer topes tanto al monto como al tiempo de acumulación del beneficio, junto con la posibilidad de explorar un fondo o seguro de desempleo como alternativa futura. También sugiere definir con mayor precisión el concepto de salario ordinario, introducir ajustes procesales y fiscales que favorezcan la formalidad y la competitividad empresarial, y revisar disposiciones sobre contratación, licencias y modalidades de trabajo, con el objetivo de lograr relaciones laborales más equilibradas y sostenibles.
Por su parte, los sindicatos agrupados en el movimiento laboral, como el CNUS, han defendido la permanencia de la cesantía, al considerarla una conquista social irrenunciable y un pilar de estabilidad para el trabajador.
Desde el ámbito académico y técnico, en tanto, se han formulado diversas reflexiones sobre la necesidad de modernizar el auxilio de cesantía para adaptarlo a la realidad productiva actual, explorando fórmulas de gradualidad y sostenibilidad que permitan una transición ordenada sin vulnerar derechos adquiridos.
En definitiva, el debate no debe centrarse en mantener o eliminar la cesantía, sino en cómo transformarla en un instrumento más justo, eficiente y compatible con el mercado laboral contemporáneo. El equilibrio entre competitividad empresarial y protección social no sólo es posible, sino necesario, sí se persigue un modelo de relaciones laborales moderno, transparente y verdaderamente humano.
La reforma al Código de Trabajo no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para modernizar nuestro marco laboral, fortalecer la seguridad jurídica y crear condiciones que impulsen la productividad y la formalización.
Al final, no se trata de favorecer a un sector sobre otro, sino de fortalecer a la República Dominicana. El equilibrio que logremos hoy será la base del país que heredarán las próximas generaciones.
AUTOR: WILLIAM ENCARNACIÓN
*El autor es abogado especialista en Derecho Civil y Comercial/ Socio-Gerente de Plus Legal.