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26 de junio 2024
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Red criminal en caso FM supuestamente era integrada por familias

Red criminal en caso FM supuestamente era integrada por familias
Implicados en caso FM (Ilustración)
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los padres regularmente son protectores y consejeros de sus hijos y siempre se empeñan por conducirlo por el buen camino, pero en el de la familia Pérez de la Rosa y Azcona de la Cruz, según la instancia del Ministerio Público pasó todo lo contrario.

De acuerdo al expediente del caso FM instrumentado por el Ministerio Público, la estructura criminal incluía a los padres de la cabecilla de la red de lavado de activos producto del narcotráfico.

En el grupo figuran como los principales encartados, Juan Gabriel Pérez alias “El Gordo” e hijo de Juan Isidro Pérez de la Rosa, quien fue director de Migración en la pasada gestión y Anabel Altagracia Sánchez Santana (esposa del Gordo).

Mientras, Gladys Sofía Azcona de la Cruz, exdiputada y exministra de Trabajo en la pasada gestión, cuyo hijo e hijastro formaban parte del entramado criminal, Ramluis Mejía Azcona y Rolando Javier Reyes Javier, todos imputados en el caso.

El órgano acusador, detalla que los tres primeros implicados que conforman la familia Pérez Rosa, hijo, padre y esposa, se dedicaban al lavado de activos provenientes del narcotráfico y transparentaban el dinero blanqueado a través de empresas pantallas, principalmente en la compañía Santiago Único Autodetailing, propiedad del presunto líder de la red.

En tanto, que la de Azcona era integrada por su hijo Ramluis e hijastro Reyes Javier, quienes, a través de Azcona Tours, empresa dedicada a servicios de autobuses, convertían en lícitos el dinero recaudado del narcotráfico.

El Ministerio Público solicitó al tribunal privilegiado que se le imponga a los siete imputados 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que el Juzgado de Santo Domingo Oeste conocerá este jueves a las 9:00 am.    

Además, el MP pide ordenar que las empresas involucradas para dichas actividades ilícitas, cerrarán sus operaciones hasta que cese el proceso legal que llevan en su contra.

Los encartados de ser hallados culpables estarían enfrentando una condena de 10 a 20 años de acuerdo a la Ley contra Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 155-17, establece en su artículo tres.

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