RESUMEN
Los espacios públicos son más que las aceras, contenes, parques o edificios. Son escenarios donde se construye ciudadanía, se refuerza la convivencia y se expresa la dignidad de todos. Lamentablemente, en Hato Mayor los espacios públicos han sido sistemáticamente abandonados, convertidos en puntos de inseguridad, deterioro y desarraigo social y hoy más que nunca, es necesario que la recuperación de estos espacios se coloque en el centro de la agenda del municipio.
Un artículo publicado en The New Yorker por Malcolm Gladwell, basado en investigaciones del economista Jens Ludwig, plantea un hallazgo revelador: el 77% de los homicidios en Estados Unidos no responde a crímenes planificados, sino a lo que se le denomina violencia expresiva (actos impulsivos detonados por frustración, enojo o humillación). Y lo más preocupante: esa violencia está concentrada en zonas específicas, no dispersa aleatoriamente. Es decir, el lugar importa. Las condiciones de un entorno (su abandono, su oscuridad, su aislamiento) pueden multiplicar los riesgos de violencia, desorden y exclusión.
En Filadelfia, por ejemplo, la Pennsylvania Horticultural Society intervino más de 12,000 solares baldíos con medidas sencillas: limpieza, cercado y mantenimiento regular. ¿El resultado? Una reducción de hasta 29 % en los niveles de violencia con armas. La única variable que cambió fue el entorno físico. No se necesitó más policía, ni leyes nuevas, ni control social. Solo voluntad para recuperar lo que les pertenece a todos: el espacio público.
En Hato Mayor, una estrategia de recuperación de espacios públicos no debería enfocarse únicamente en el embellecimiento urbano, sino en su potencial transformador para múltiples dimensiones de la vida colectiva. La recuperación y uso activo de espacios públicos puede convertirse en un instrumento de política urbana que incide de forma directa en la reducción de riesgos sociales, ya que brinda entornos seguros, visibles y compartidos que inhiben comportamientos violentos y fortalecen el sentido de comunidad. Asimismo, tiene efectos concretos sobre la salud mental, la movilidad urbana, la percepción de seguridad y el bienestar emocional de la ciudadanía, especialmente en sectores densamente poblados con baja infraestructura cívica.
Desde una perspectiva ambiental, la integración de espacios verdes y superficies permeables en zonas urbanas degradadas contribuye significativamente a la resiliencia climática. Esto es particularmente importante para una ciudad como la nuestra, cuya vulnerabilidad a eventos extremos, como lluvias intensas, requiere soluciones basadas en la naturaleza para reducir inundaciones, mejorar la calidad del aire y disminuir el efecto de isla de calor urbano. A su vez, la recuperación del espacio público tiene impactos en la equidad territorial, ya que los sectores más pobres suelen tener menor acceso a aceras transitables, parques funcionales y calles iluminadas. Revertir esta desigualdad urbana es una herramienta para garantizar derechos básicos y promover justicia espacial.
El Banco Interamericano de Desarrollo, en su guía sobre reactivación de espacios públicos en América Latina, insiste en que estas intervenciones deben ser abordadas como políticas estructurales, con base técnica y criterios claros de priorización. En este sentido, nuestro municipio necesita contar con un sistema de información georreferenciada sobre su red de espacios públicos, evaluando cada caso según tres dimensiones clave: cantidad, accesibilidad y calidad. Esta base permitiría tomar decisiones con mayor precisión y eficiencia presupuestaria, priorizando aquellas zonas donde el impacto social y ambiental sería más significativo.
Del mismo modo, cualquier iniciativa en esta materia debería estar acompañada de una normativa que permita la recuperación temporal o permanente de solares baldíos y espacios en desuso. Estos terrenos, hoy convertidos en focos de inseguridad, podrían transformarse en equipamientos comunitarios de bajo costo con gran valor colectivo. La experiencia latinoamericana demuestra que no se requieren grandes obras para lograr grandes cambios. Las intervenciones tácticas (como iluminación, pintura, mobiliario temporal o activación cultural) pueden ser tan efectivas como las de alto presupuesto, siempre que estén respaldadas por un proceso participativo y sostenido.
Es fundamental también que la ciudadanía sea parte activa del diseño, cuidado y apropiación del espacio público. Las políticas exitosas en otras ciudades han logrado institucionalizar mecanismos de corresponsabilidad entre gobiernos locales y comunidades, donde vecinos, juntas de vecinos, asociaciones deportivas y culturales participan directamente en el mantenimiento y gestión de los espacios. Esta gobernanza compartida no solo reduce costos municipales, sino que fortalece el tejido social y previene el deterioro a largo plazo.
Finalmente, toda política pública en esta área debe contar con mecanismos de monitoreo y evaluación. Es indispensable medir el impacto de las intervenciones en términos de uso, percepción ciudadana, seguridad, salud y equidad. Sin esa evidencia, las acciones urbanas pierden continuidad y sentido estratégico. Por igual, se necesita construir una base de información que le permita comparar, ajustar y escalar sus intervenciones en función de resultados tangibles.
La recuperación del espacio público no es una medida estética ni un accesorio de campaña. Es una decisión política, técnica y ética que define el tipo de ciudad que queremos construir. Ese camino está por comenzar. Hacerlo con planificación, evidencia y participación es posible. Y más que posible, es urgente.
Por Gilber G. Gómez Familia