EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado especialista en contrataciones públicas y regulaciones, Alfredo Bueno, afirmó que la Ley 340-06, que ha regido durante casi dos décadas, cumplió un papel fundamental en la modernización de los procesos de compras y contrataciones del Estado, pero reconoció que ya agotó su ciclo.
“Yo puedo decir que es una muy buena ley en sentido general. Antes de la 340-06 estábamos en un escenario totalmente discrecional, y con ella se introdujo la competencia y el respeto a la igualdad de oportunidades para todas las personas que negocian o pueden ofrecer bienes, servicios u obras al Estado”, señaló.
Bueno resaltó que, gracias a esta normativa, el país logró un sistema de contrataciones más transparente. “Puede haber escollos, claro que sí, mañas por ahí, pero eso ya se ha ido reduciendo bastante”, aseguró.
El especialista en contrataciones públicas y regulaciones ofreció esas informaciones al ser entrevistado por la comunicadora Abril Peña, en el programa “Política Con 6to. Sentido”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
Sobre la nueva Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas, el especialista resaltó que esta plantea un enfoque más integral y estratégico, superando el carácter meramente de control que tenía la 340-06.
“No se trata solo de controlar el gasto y garantizar la competencia, sino de impulsar una visión más estratégica que genere un balance positivo, aunque siempre con algunos retos o zonas grises”, explicó.
Entre las principales novedades, Bueno señaló que la Ley 47-25 permitirá que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) puedan recibir pagos del Estado aun cuando tengan atrasos en la Dirección General de Impuestos Internos (DGI), siempre que no superen los seis meses y se comprometan a regularizar su situación.
“Esto representa un beneficio directo para las Mipymes, ya que muchas veces esperan el pago del Estado para poder ponerse al día con sus obligaciones tributarias”, indicó.
Asimismo, el experto resaltó que la nueva legislación incorpora un esquema de sanciones disciplinarias para los casos en que se produzcan retrasos injustificados en los procesos, lo que, a su juicio, contribuirá a fortalecer la responsabilidad y eficiencia en la administración pública.
Bueno valoró que, pese a las debilidades en la implementación de la Ley 340-06, sus aportes sentaron las bases para un sistema más transparente y equitativo, y que ahora la Ley 47-25 viene a dar continuidad y mayor solidez al régimen de contrataciones públicas en República Dominicana.
