EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) intimó este jueves al Congreso Nacional a rechazar la reducción de los recursos asignados al Poder Judicial, contemplado en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2024, equivalente a 8 mil millones 623 mil 324 pesos y 9 mil 648 millones 535 mil 941 pesos para la Procuraduría General de la República, en violación a la Ley 194-04, que consagra el 4.10 % para sector justicia.
Miguel Surún Hernández, presidente del CARD, manifestó que «dicha asignación presupuestaria sería un grave atentado a la administración de justicia en la República Dominicana, que se encuentra en crisis por la falta de jueces, fiscales y personal suficiente para responder a la demanda de justicia de la ciudadanía, generando un retardo fatal en las decisiones judiciales plasmada en una alta tasa de mora judicial, procesos penales interminables y más de 17 mil presos preventivos con prisiones vencidas, convirtiendo nuestras cárceles en cementerios de hombres vivos».
De igual forma, se quejó de que en la actualidad una simple solicitud de revisión de medida coerción puede tardar de 4 a 6 meses, en procesos que se extienden por años y ni mencionar que luego de dictada una sentencia por su motivación puede extenderse hasta por 5 meses por falta de secretaria, señala un comunicado.

«En la materia civil la situación es aún peor con procesos con más de 20 años en los tribunales, que en su mayoría funcionan en edificios deteriorados, sin espacios ni condiciones aptas para los abogados, mucho menos para las víctimas y usuarios, todo gracias a que el Poder Ejecutivo se apropia de más de 40 mil millones de pesos que por ley le corresponden al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la Republica», expresó el gremialista.
Agregó que “Con esos fondos no se podrán instalar los 94 tribunales que están aprobados por ley y que no han podido ser puestos en funcionamiento por falta de recursos, pero tampoco podrán ser mejoradas las instalaciones actuales, las condiciones laborales de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales y abogados; asimismo limitará la mejora del servicio que está recibiendo la ciudadanía en este momento».
El jurista dijo que dicho desvío de recursos se verifica a pesar de los cuantiosos ingresos contemplados en la pieza, que ascienden a un millón de millones 572 mil 896 millones 16 mil seiscientos noventa y tres pesos dominicanos y que contempla préstamos superiores a los 344 mil 980 millones de pesos y 1,500 millones de dólares, al tenor del 66 y 68.

Recordó que el artículo 3 de la Ley 194-04, establece que «El Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público serán por lo menos un 4.10 % de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuyen de la manera siguiente: Un 65 % del 4.10 % corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un 35 % del 4.10%».
Proyecto ley suspende aplicación de indexación para fines de impuesto sobre la Renta
Surún Hernández también indicó que lo peor es que el Proyecto de Ley de Presupuesto del 2024 modifica leyes orgánicas, como lo es el Código Tributario que contempla la suspensión de indexación anual para fines de pago de impuesto sobre la renta, con lo cual se afecta de manera considerable a decenas de miles de trabajadores que ganan entre 26 mil y 35 mil pesos y que deberían estar exentos del pago de impuesto sobre la renta.




