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18 de febrero 2026
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Recesan revisión obligatoria de medida de coerción a encartados de Coral 5G

Fotografía el caso Coral 5G. (Fuente externa)
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RESUMEN

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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, postergó para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde la audiencia de conocimiento de revisión obligatoria de la medida cautelar de los 12 encartados en el caso Coral 5G por razones de hora.

La defensa de todos los implicados presentaron argumentos, en tanto queda pendiente para la nueva audiencia las conclusiones del Ministerio Público y las réplicas de los procesados.

Al culminar la audiencia, el director de la Procuraduría de Persecución Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, no ofreció ninguna información a los medios de comunicación, puesto que se lleva a cabo la audiencia solicitud de prórroga del caso Medusa.

En el caso Coral 5G figuran el general Juan Carlos Torres Robiou, los generales Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD); el capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).

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También el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.

En la instancia acusatoria del MP, son acusados de participar en la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones militares, para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, se realizaban cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.

Asimismo, señala que se asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para operaciones de inteligencia, valores que supuestamente eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), y otras instituciones estatales.