En los últimos años, la tecnología ha comenzado a jugar un papel cada vez más activo en el sistema judicial de varios países, especialmente en lo que respecta a los procesos de valoración probatoria; una de las innovaciones que está captando la atención de jueces, fiscales, defensores y peritos es la realidad aumentada, una herramienta digital que permite superponer imágenes virtuales sobre escenarios reales mediante el uso de dispositivos electrónicos; su aplicación en el ámbito judicial ha comenzado a generar cambios relevantes, sobre todo en el análisis de escenas del crimen.
En jurisdicciones como la de Estados Unidos, los jueces están utilizando esta tecnología como un recurso adicional para comprender de manera más clara y precisa los hechos investigados; la realidad aumentada permite que el juez pueda recorrer, mediante una simulación tridimensional, el espacio físico donde ocurrió un hecho delictivo, sin necesidad de trasladarse físicamente al lugar; esto brinda una visión más detallada de las posiciones de los objetos, los desplazamientos posibles, las trayectorias de disparos o el ángulo de visión de los testigos, entre otros aspectos relevantes del caso.
La ventaja de este tipo de representación digital es que ofrece una experiencia más inmersiva y cercana al acontecimiento; así lo ha expresado la profesora Susan Brenner, catedrática de Derecho en la Universidad de Dayton, quien ha señalado que la realidad aumentada permite al juzgador visualizar la escena desde distintos ángulos, lo que facilita la comprobación del relato de los testigos y refuerza la coherencia de la prueba testimonial con los elementos materiales recabados por los peritos forenses; en este sentido, la tecnología se convierte en una vía de apoyo para el análisis del contexto.
Asimismo, el doctor Edward Imwinkelried, profesor emérito de la Universidad de California en Davis y especialista en prueba pericial, ha sostenido que la incorporación de la realidad aumentada al proceso penal no sustituye los principios de valoración judicial, pero sí puede enriquecerlos cuando se utiliza con criterios técnicos claros y respetando las garantías procesales; según este autor, al permitir una reconstrucción más precisa y visual de los hechos, esta herramienta puede contribuir a la búsqueda de la verdad judicial con mayor objetividad.
En la práctica, la realidad aumentada ha sido utilizada en casos donde la escena del crimen ha sido alterada, destruida o es de difícil acceso por razones de seguridad o tiempo transcurrido; a través de esta tecnología, los jueces pueden observar, por ejemplo, el lugar donde se hallaron restos biológicos, las huellas en el suelo, la posición de un cuerpo, o los objetos encontrados alrededor; esto permite que el juzgador no dependa únicamente de fotografías planas o diagramas técnicos, sino que pueda interactuar con una recreación más dinámica del suceso.
De igual forma, los fiscales y los defensores pueden utilizar esta tecnología para exponer sus argumentos durante el juicio oral, presentando reconstrucciones visuales que sirvan para apoyar una hipótesis investigativa o rebatir la versión contraria; estas presentaciones pueden incluir líneas de tiempo animadas, desplazamientos tridimensionales y simulaciones acústicas, todo con el objetivo de ilustrar el contexto del caso ante el tribunal. Esta práctica debe acompañarse siempre del debido control judicial sobre el origen y autenticidad de la reconstrucción.
Es importante señalar que esta herramienta se apoya en el trabajo técnico de expertos en criminalística, informática forense y modelado digital; son ellos quienes procesan los datos recolectados en el lugar del hecho, tales como mediciones exactas, coordenadas geoespaciales, grabaciones de cámaras, fotografías de alta resolución y declaraciones testimoniales, para convertirlos en una representación aumentada; de esta manera, se busca preservar la fidelidad de la reconstrucción respecto a la escena original.
En algunos tribunales, se ha observado que el uso de la realidad aumentada mejora la comprensión del jurado o del juez cuando se trata de hechos complejos o con múltiples variables espaciales; un caso emblemático citado en publicaciones de derecho comparado es el del estado de California, donde esta tecnología se utilizó para explicar la dinámica de una persecución policial con disparos, permitiendo visualizar en tiempo real la secuencia de movimientos y la ubicación de los implicados.
No obstante, varios expertos coinciden en que su uso debe ser regulado con criterios técnicos y jurídicos bien definidos; el jurista argentino Daniel Rafecas ha planteado que, si bien la tecnología puede aportar claridad, también puede prestarse a interpretaciones erróneas si se manipulan mal los datos o si la simulación se presenta con un grado de certeza que no se corresponde con la prueba empírica disponible; por lo tanto, su aplicación debe estar acompañada de peritajes contrastables y mecanismos de control probatorio adecuados.
En conclusión, la realidad aumentada está comenzando a ocupar un lugar relevante en la administración de justicia, especialmente en los procesos penales donde el análisis de la escena del crimen es determinante para el esclarecimiento de los hechos; su correcta utilización, con el respaldo técnico y jurídico necesario, puede aportar mayor transparencia, comprensión y rigor al juicio, beneficiando a todas las partes involucradas en el proceso judicial; como toda herramienta, su valor radica no solo en la tecnología misma, sino en cómo se utiliza dentro de los límites que establece el derecho.