A lo largo de su trayectoria política y diplomática, la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ha sostenido que la paz no puede reducirse a la ausencia de guerra o de violencia directa, sino que exige enfrentar de manera estructural los factores que la amenazan, como la discriminación, la desigualdad y la pobreza. Esta concepción resulta especialmente pertinente al cierre de 2025, un año que deja lecciones profundas sobre las brechas aún pendientes en la garantía de derechos. Precisamente, estas deben proyectarse de manera prioritaria en la agenda de 2026, orientando la formulación de políticas públicas que sean capaces de transformar las condiciones que limitan el goce efectivo de los derechos, desde un enfoque de dignidad humana, igualdad y no discriminación.
Derecho a la salud: del acceso formal a la garantía efectiva
En 2025, el derecho a la salud volvió a ubicarse entre los más reclamados por la ciudadanía ante el Defensor del Pueblo, reflejando deficiencias en acceso oportuno, calidad del servicio y cobertura especializada. Para 2026, la prioridad debe centrarse en superar una visión meramente administrativa del sistema sanitario y avanzar hacia una garantía integral del derecho, que incorpore prioritariamente enfoques preventivos, territoriales y de equidad con especial atención en personas adultas mayores, las que viven con discapacidad y comunidades o grupos de personas en situación de vulnerabilidad.
La seguridad como derecho y como deber del Estado
La experiencia nos ha enseñado que la seguridad ciudadana no puede fijar su mirada únicamente en el control del delito, sino que debemos verla como un derecho humano indispensable para el ejercicio de otras libertades. En este contexto, la entrada en vigor del nuevo Código Penal constituyó un hito normativo relevante al actualizar el marco jurídico de la política criminal del Estado. Sin embargo, su correcta implementación exige no solo voluntad institucional, sino también una formación sólida y permanente de las y los operadores del sistema de justicia, orientada a la comprensión integral del nuevo régimen penal desde los estándares constitucionales y de derechos humanos.
La enseñanza del derecho penal actualizado se vuelve, así, un componente estratégico para asegurar que la persecución del delito y el fortalecimiento del orden público se desarrollen en estricto respeto de principios básicos como debido proceso, la presunción de inocencia y la integridad personal, evitando interpretaciones restrictivas o prácticas que puedan derivar en vulneraciones de derechos.
Hablamos de uno de los temas más sensibles del debate público cuyas respuestas para el año próximo deben traducirse en la prevención social de la violencia, el fortalecimiento de las instituciones y evitar, a toda costa, las prácticas que normalicen el uso excesivo de la fuerza o la estigmatización de determinados grupos poblacionales.
Ambiente y justicia climática
El tema ambiental, como ya hemos reflexionado en este espacio, no puede abordarse como un eje aislado de la acción pública, sino que debe atravesar de manera transversal todas las políticas del Estado. La experiencia acumulada en 2025, marcada por los compromisos internacionales y la preparación para escenarios como la 30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), confirmó que la agenda ambiental no puede desvincularse de los derechos humanos. De cara a 2026, el reto consiste en traducir esos compromisos climáticos en políticas públicas concretas que garanticen el derecho a un medio ambiente sano, priorizando la protección de las comunidades más expuestas a los riesgos climáticos, fortaleciendo la gestión integral de riesgos y asegurando una participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones ambientales.
Género: avanzar hacia la igualdad sustantiva
Avances en materia de igualdad de género continúa siendo uno de los desafíos más relevantes para la agenda de derechos humanos. No obstante, este año también deja señales alentadoras. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la República Dominicana avanzó 21 puestos en el Global Gender Gap Report 2025, reflejando progresos en áreas clave vinculadas a la participación económica, el acceso a oportunidades y el fortalecimiento institucional en materia de igualdad. Esto representa una señal positiva del impacto de determinadas políticas públicas y los esfuerzos sostenidos orientados a reducir desigualdades históricas que ya conocemos.
Sin embargo, la mejora en los indicadores no agota los desafíos aún pendientes. Resulta imprescindible consolidar un enfoque de igualdad sustantiva que permita traducir este progreso en transformaciones reales y sostenibles en la vida de todas las mujeres y niñas del país. Ello exige, al igual que en el ámbito ambiental, profundizar en la transversalización del tema en la planificación, presupuestación y evaluación de la totalidad de las políticas públicas. Asimismo, respecto de las políticas ya existentes, se requiere fortalecer los sistemas de prevención y atención, garantizando condiciones efectivas para la participación plena de las mujeres en los espacios de toma de decisión coherencia con los estándares constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
Reflexión final
La agenda de derechos humanos para 2026, leída a la luz de lo vivido en 2025, exige coherencia entre discurso y acción pública. Salud, seguridad ciudadana, ambiente y género no son temas aislados, sino dimensiones interdependientes del derecho a vivir con dignidad. El desafío del Estado dominicano será fortalecer la institucionalidad, promover políticas basadas en evidencia y asegurar que cada decisión pública coloque a la persona, en toda su diversidad, en el centro de la acción estatal.
Fuentes:
Defensor del Pueblo de la República Dominicana. (2025). Informe Nacional de Derechos Humanos 2025.
World Economic Forum. (2025). Global Gender Gap Report 2025.
https://reports.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2025.pdf
POR DENISSE HARTLING
*La autora es abogada e investigadora. Especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario.