RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este viernes por tercera vez la medida de coerción que pesa contra los implicados en el caso Coral, acusado por el Ministerio Público de desfalcar al Estado dominicano por más de 4, 500 millones.
El juez Raymundo Mejía, conocía la revisión obligatoria de la medida de coerción en contra de los seis implicados, incluyendo Adán Cáceres, exjefe de Seguridad del expresidente de la República, Danilo Medina.
Igualmente, a la pastora Rossy Guzmán Sánchez, el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo de la PN e hijo 0de la pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán, el sargento Alejandro José Montero y el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez.
El magistrado Mejía decidió ratificar los 18 meses de prisión preventiva a los imputados, porque sus defensas no presentaron suficientes pruebas para que esta medida fuera variada.
José Alberto Cruz Beltrán, representante legal del Estado, sostuvo que el Estado dominicano en virtud del poder especial y del decreto 22-21 el presidente de la República, Luis Abinader, otorgando poder a los abogados para reclamar indemnizaciones civiles.
“El caso va a continuar de manera activa, el Estado está participando de manera activa como actor civil en proceso querellante-víctima, no descansará hasta lograr el resarcimiento de los bienes que fueron sustraídos”, aseguró Beltrán.
En ese sentido, informó que el 18 de febrero de este año presentaron la acusación formalmente, pero todavía no han fijado el monto de la indemnización.
Todos los imputados, exceptuando a Girón Jiménez, quien tiene prisión domiciliaria, seguirán cumpliendo la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo.
De acuerdo al expediente acusatorio del MP, el entramado criminal desmantelado con el Caso Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.
Además, el MP establece en su expediente que los imputados realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.
