RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Una jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción ratificó el arresto domiciliario como medida de coerción contra el coronel Andrés Pacheco Varela, vinculado a un presunto esquema de corrupción administrativa desmantelado mediante la operación Lobo.
La decisión fue adoptada tras acoger la solicitud del Ministerio Público, que argumentó la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga del imputado, así como la posibilidad de que pueda interferir en el proceso investigativo.
La fiscal litigante Rosa María Pichardo explicó que el tribunal valoró los elementos de prueba presentados por el órgano acusador, señalando que el procesado representa un riesgo para el desarrollo de las investigaciones.
El Ministerio Público, representado además por las fiscales Elizabeth Paredes y Yoneivy González, había solicitado a la jueza Yanibet Rivas mantener la medida restrictiva de libertad, petición que fue acogida por el tribunal.
En el mismo proceso, el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos solicitó un permiso especial, el cual le fue concedido durante la audiencia.
La investigación forma parte de la operación Lobo, mediante la cual el Ministerio Público desmanteló una red de sobornos integrada por militares y civiles, que habría afectado diversas instituciones del Estado.
De acuerdo con la acusación, el entramado impactó entidades como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, el Seguro Nacional de Salud y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur.
Entre los implicados figuran el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como varios oficiales superiores y civiles, incluyendo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández, Elías Camaño Pérez, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, Ramón Quezada Ortiz, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a disposiciones del Código Penal y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, además de presuntas violaciones al artículo 146 de la Constitución, que prohíbe la corrupción administrativa.
El caso continúa en fase de instrucción mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones sobre el alcance de la red.
