EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El telepresentador Rafael Paz denunció este miércoles que se ha cometido un delito, al firmar el convenio de “aguas abiertas” entre la República Dominicana y Holanda (Países Bajos), pues cede los límites marítimos del archipiélago de la isla quisqueyana.
“Más allá de los aspectos constitucionales, constituye un delito porque viola una ley que es de naturaleza orgánica y es la 66-07 que declara a la República Dominicana como Estado archipelágico, identificando la cantidad de islotes y cayos. Y define los límites marinos de la República Dominicana”, detalló el político.
Paz aseguró al panel de La Telerealidad que con ese acuerdo se viola esa ley, porque el territorio hacia abajo queda recortado por la mitad, “le estamos entregando a Holanda la mitad del territorio marino que nos corresponde y que está declarado por ley”.
Continuó diciendo, que: “Esa ley crea una autoridad que se llama Autoridad Nacional Marítima (Anamar), que está integrada por un presidente, por el ministro de Industria y Comercio, la Autoridad Portuaria Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente y la Marina de Guerra”.
Explicó estos organismos estatales, son los autorizados para trabajar con todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento del espacio marítimo y disponer sobre todo eso.
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“Cuando el canciller fue interpelado en el Senado, él dijo que suscribió ese acuerdo, pero que había sido autorizado por Anamar, que la preside Jimmy Saviñón y representa la instancia del Poder Ejecutivo. ese organismo debió emitir una resolución autorizando ese acuerdo, también hay un consejo consultivo, que tiene naturaleza deliberativa donde está la UASD, el sector privado y la Academia de Ciencias”, desarrolló Paz.
Justificó dudar que el organismo consultivo haya emitido una resolución autorizando ese acuerdo. Apunta cuestionando dónde está el detalle, a lo que él respondió, que el Código Penal Dominicano en su Artículo 123 y 124, establece que “si un conjunto de funcionarios se pone de acuerdo para violar una ley, cometen el delito de coalición de funcionarios e implica prisión de dos a seis meses y la inhabilitación por cinco para ejercer función pública”.
A todo esto, el miembro político por La Fuerza del Pueblo, adelantó que si intervienen militares, como en este caso, la Marina de Guerra es parte de Anamar, “implica reclusión que es de tres a diez años y además la pena de destierro. Es decir, que estamos hablando de una actuación grave contra el ordenamiento jurídico”.
En razón de todo, los veteranos comunicadores analizaron que bajo este esquema “cuasidelictivo” no hay legitimidad porque vuela la valla de la legislación dominicana y de la Carta Magna, y desafía los estándares de la constitucionalidad y la soberanía nacional que se protege por aire y cielo, tierra y mar.
Paz lamentó que dentro de esa zona limítrofe que está convenida con la firma del acuerdo de “aguas abiertas”, la República Dominicana posee oro negro, el petróleo; y gas, “eso se llama atentar contra los intereses fundamentales de la República Dominicana, eso tiene implicaciones penales”.
Como panelista invitado, Eury Cabral admitió que ciertas acciones del Gobierno dominicano no son pensadas, tampoco planificadas, “que mal orientan al presidente”. Enumeró los casos de la reforma fiscal y laboral, Compras y Contrataciones con Carlos Pimentel, “y en esta, me da la impresión de que nuevamente lo están orientando mal”.
Este 29 de octubre, el diputado por La Fuerza del Pueblo, Manolo Pichardo y secretario de Asuntos Internacionales, puntualizó, que “En ese acuerdo que se firmó no se tomó en cuenta que somos Estado archipiélago y como tal, la base de la parte de extensión territorial, no es la isla mayor o continental, si no las islas adyacentes”.
