RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), denunció este miércoles como discriminatoria la disposición que obliga a las personas mayores de 65 años a renovar su licencia de conducir cada dos años en la República Dominicana, mientras que los ciudadanos menores de esa edad lo hacen cada cuatro años.
Afirmó que esta diferencia, contenida en el decreto presidencial número 6-19, ha generado un amplio debate jurídico y constitucional, debido a que podría constituir una violación al principio de igualdad consagrado en la Constitución dominicana.
Explicó que, conforme al principio de jerarquía normativa, un decreto no puede contradecir lo establecido en una ley.
De acuerdo con una nota de prensa, el presidente del referido partido recordó que la ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial establece en su artículo 201 que las licencias de conducir tienen una vigencia de cuatro años, sin hacer distinción por edad.
“Estamos ante un claro exceso en la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, al imponer una limitación que no está contemplada en la ley”, sostuvo.
El líder reformista subrayó que la medida resulta aún más cuestionable desde el punto de vista constitucional, al basarse únicamente en la edad cronológica del ciudadano, sin tomar en cuenta sus condiciones físicas o mentales individuales.
Indicó que el artículo 39 de la Carta Magna establece el derecho a la igualdad y prohíbe cualquier trato discriminatorio que no esté debidamente justificado, por lo que consideró que esta disposición coloca a los adultos mayores en una situación de desventaja frente al resto de la población.
En ese sentido, el dirigente político citó precedentes del Tribunal Constitucional (TC) que advierten sobre la inconstitucionalidad de imponer restricciones basadas exclusivamente en la edad, sin criterios razonables y proporcionales.
Señaló que diversos sectores de la sociedad han recurrido ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y el TC en busca de la nulidad del decreto, alegando violaciones tanto a la constitución como a la ley.
Quique Antún recordó que en octubre de 2024 el Gobierno reconoció la problemática y anunció la eliminación de esta disposición, “pero sin embargo, aún persisten quejas de ciudadanos sobre su aplicación por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)”.
“El Estado debe garantizar igualdad de trato para todos los ciudadanos. La edad no puede ser un criterio automático para limitar derechos sin una evaluación individual objetiva”, expresó.
El presidente del PRSC reiteró que corregir esta situación no solo constituye una obligación legal, “sino también un acto de justicia social en favor de miles de dominicanos afectados con esta disposición, a todas luces discriminatoria”.
