RESUMEN
Es mucho lo que se ha dicho en las últimas semanas sobre el Instituto Oncológico Regional del Cibao. Demasiado. Tanto que uno se pregunta si de verdad la noticia es la cancelación de un empleado, el doctor Vila, en este caso, o si más bien estamos en presencia de una función de circo, donde el payaso hace piruetas y los dueños del espectáculo se esconden tras las bambalinas.
Porque, seamos claros: cuando un médico con 25 años de servicio se despide, lo normal es que lo haga en silencio, reciba sus prestaciones y continúe su vida. Pero cuando, en vez de eso, sale a los medios a ofrecer medias verdades, entonces el asunto deja de ser personal y se convierte en una campaña.
Y vaya campaña. Se ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo para levantar un guion que busca matar moralmente a quienes hoy dirigen el Oncológico, apelando a la indignación pública, a imágenes sacadas de contexto y hasta a supuestos representantes de la sociedad civil encadenándose frente al centro. Todo para sembrar la idea de que algo turbio ocurre dentro de una institución que, guste o no, atiende más de mil pacientes cada día y ofrece más de 90 mil pruebas de laboratorio al mes.
No nos engañemos. El doctor Vila no es más que el instrumento, el mensajero útil de intereses que van mucho más allá de su desvinculación. La verdadera pregunta, no es por qué salió un médico. La verdadera pregunta debe ser: ¿Quién quiere quedarse con el Oncológico del Cibao? ¿Y por qué? O mejor dicho, ¿para qué?
Porque cuando se revisa con calma, lo que se asoma es un conflicto de intereses económicos. A alguien le molesta que el Oncológico se haya modernizado, que tenga sus propios equipos, un tomógrafo de 80 cortes, una gammacámara de última tecnología, un laboratorio que procesa miles de analíticas cada día, y que ya no dependa de contratos leoninos con suplidores que se llevaban millones de pesos mensuales.
Cada peso que hoy el Oncológico ahorra en equipos propios es un peso que deja de engordar otros bolsillos. Y eso, en una ciudad donde los negocios de la salud son un pastel muy deseado, es suficiente motivo para encender una campaña de descrédito.
Quienes dirigen el Oncológico hoy cargan con el peso de una cruz: la de administrar una institución que no recibe fondos del Estado desde 2017, que subsiste gracias a su propio esfuerzo y que atiende a una población mayoritariamente del régimen subsidiado, quienes no pagan diferencia en ningún servicio. El 80% de estos son afiliados a SeNaSa, y en el caso de los contributivos o privados, no pagan ni un centavo en consultas, imágenes o pruebas básicas. Pero en vez de ser reconocidos por sostener esa carga, son retratados como villanos.
Mientras tanto, los verdaderos perjudicados de esta campaña no son ellos, sino los pacientes: los que acuden a buscar un diagnóstico, una quimio, una esperanza. Porque sembrar dudas sobre la seriedad del Oncológico no hiere a un presidente de patronato, hiere a la gente que cada día necesita de sus servicios.
Lo que vemos no es más que un espectáculo mal montado: acusaciones de nepotismo por un hijo que gana 25 mil pesos en archivo, dramatizaciones de supuestas “privatizaciones” cuando la mayor parte de los servicios se ofrecen a pacientes subsidiados, y un largo etcétera que, a fuerza de repetirse, pretende convertirse en verdad.
Pero el Oncológico no es de una persona ni de una familia. Es un patrimonio de Santiago, construido desde 1964 con aportes de empresarios, cooperativas y ciudadanos. Sus títulos de propiedad, sus estatutos y sus asambleas están ahí. Lo demás son maromas de un guion escrito para confundir.
Por Glenn Davis