NUEVA YORK.- El juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, fue designado para presidir el proceso penal contra el exdictador venezolano Nicolás Maduro. El juicio se desarrollará este lunes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, una de las jurisdicciones federales más influyentes de Estados Unidos.
Alvin Hellerstein, nacido en Nueva York en 1933, fue abogado del Ejército de los Estados Unidos y ejerció luego en el sector privado. En mayo de 1998 fue designado juez del Distrito Sur de Nueva York por el entonces presidente Bill Clinton. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los magistrados en actividad con más tiempo de carrera dentro del sistema federal.
El juez asumió el estatus de magistrado sénior en 2011, aunque continuó al frente de causas judiciales. A lo largo de su trayectoria, intervino en procesos vinculados con terrorismo, seguridad nacional, disputas financieras complejas y demandas civiles de gran repercusión pública.
Entre los casos más notorios que pasaron por su juzgado figuran las reclamaciones por daños derivados del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, el proceso por acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Epstein y el caso contra Michael Cohen, ex abogado del presidente Donald Trump.
Hellerstein también lleva el caso contra el exgeneral venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, ex jefe de los servicios de inteligencia del régimen chavista. Carvajal está acusado de narcotráfico en el mismo tribunal federal de Nueva York donde será juzgado Maduro.
La asignación de Hellerstein al caso Maduro lo coloca en el centro de uno de los procesos judiciales más relevantes de las últimas décadas. A lo largo de su carrera, el magistrado tuvo un rol central en algunos de los expedientes más sensibles del sistema judicial estadounidense.
En años recientes, Hellerstein dictó resoluciones que respaldaron y también rechazaron posiciones de la administración de Donald Trump. Entre esas decisiones se cuentan fallos que bloquearon deportaciones por fundamentos constitucionales y resoluciones que rechazaron pedidos de reducción de condena basados en religión o nacionalidad.
