RESUMEN
La autorización otorgada a la empresa norteamericana Johnson and Johnson para que se instale en el país no sólo representa un peligroso golpe para una treintena de fábricas de capital nacional sino también un mal precedente que podría reproducirse en otros ramos.
La decisión del Directorio de Desarrollo Industrial, ratificada por decreto del Poder Ejecutivo, se sitúa dentro de una interpretación muy generosa de la Ley de Incentivo Industrial que no contempla los incentivos contenidos en la «Categoría C» para empresas industriales extranjeras que destinen su producción al mercado nacional.
Se trata del inicio de una incursión empresarial que podría ser verdaderamente fatal para muchas empresas nacionales de diversos ramos, sobre todo las pequeñas y medianas, fruto del incipiente proceso de capitalización que se desarrolla en el país.
Después de esta autorización, las autoridades carecerán de argumentos para impedir que otras empresas transnacionales pretendan par el limitado mercado interno en otras áreas, incluso en aquellas en que hay suficiente tecnología y hasta tradición.
De nada sirvieron los contundentes argumentos expuestos por la Asociación de Fabricantes de Productos Químicos y Cosméticos, que agrupa unas 32 industrias, la cual asegura que la capacidad instalada en los renglones que producirá la Johnson es superior a la demanda del mercado.
La generalidad de la opinión pública se colocó a la defensa del interés de los industriales dominicanos, aunque lamentablemente, y por razones que no han quedado suficientemente claras, empresarios nacionales que forman parte preponderante en el Directorio de Desarrollo Industrial le dieron su aprobación. Y ello a pesar de que ya en mayo de 1975 el mismo organismo había desestimado más inversión en el ramo indicado.
No hay dudas de que las autoridades nacionales tienen responsabilidad en la decisión que se acaba de tomar, pero sería exagerado recargarle el dado después que voceros del máximo organismo empresarial le dieron su visto bis no.
Los argumentos expresados por el secretario de Industria y Comercio, en el sentido de que la autorización busca promover un clima adecuado para la inversión extranjera, implica una nueva política de puertas abiertas, que los primeros en discutir deben ser los empresarios nacionales.
Por de pronto, se advierte que una política similar contribuirá a acentuar la dependencia y a limitar el desarrollo de la industria nacional, que se vería desplazada por empresas transnacionales, poseedoras de tecnología superior, mayores capitales y otras facilidades. El resultado final sería, además de la quiebra de empresas nacionales, acentuamiento de la fuga de capitales, desempleo y frustraciones.
El beneficio inmediato, de incremento de algunas inversiones, se vería a mediano plazo invalidado por la repatriación de ganancias, en un círculo vicioso que conspira contra el desarrollo nacional.
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