Generalmente se establece una relación equidistante, entre la gerencia de capital privado y la que realizan los funcionarios del Estado (los que son dependientes de las designaciones y/o asignaciones del Ejecutivo de la Nación, directa o indirectamente). Obviamente, que ese criterio evidencia que por desconocimiento, se le da una connotación diferente a los administradores de los dineros que provienen de inversores que cuidan de los recursos de que disponen y colocan en el mercado de los negocios privados y los que administran los bienes públicos.
Evidentemente que los dueños del capital privado, crean conciencia de la importancia de planificar sus inversiones a los fines de identificar las acciones a desarrollar para el logro de los objetivos de rentabilidad, al mismo tiempo realizan erogaciones para lograr planes, programas y presupuestos que les indiquen, cuales son las estrategias para lograr alcanzar las metas.
En el sector público, el gerente tradicional, no tiene el mismo cuidado al focalizar las fuentes y el destino de los recursos necesarios para lograr que las instituciones sean operativas y que en consecuencia, sus ejecutivos sean creíbles en el desempeño de sus funciones. No hay el menor cuidado por demostrar capacidades de gestión basadas en planes, programas y presupuestos a los fines de la creación de estrategias de competitividad. Pierden de vista, que el Estado también es competencia y es negocios.
En los actuales momentos, en que la conceptualización de Estado, ha sufrido gran transformación a consecuencia del sistema integral de las normativas que regulan los negocios nacionales, regionales y mundiales, las instituciones del Estado, están obligadas a verse como entes de competitividad que originen excedentes favorables en la balanza de sus acciones, contribuyendo eficientemente al crecimiento económico y social de las naciones.
Las instituciones del Estado, manejan recursos mediante designaciones presupuestarias y diversas donaciones que generalmente, son producto de la eficiencia del “incumbente” de la ocasión. La responsabilidad de hacer crecer la institución mediante una buena gestión, es el principal deber del funcionario en cuestión tal cual lo es, para cualquier gerente del sector privado, así como también, ambos debieran tener en cuenta su necesario aporte en el crecimiento nacional y regional a través de sus ejecutorias.
Evidentemente, que estas conceptualizaciones llaman a la reflexión, de parte de quienes gerencian recursos del Estado, recordándoles además, que el manejo de las cosas públicas, obliga a un comportamiento ético. En consecuencia, no es posible la aceptación de una designación pública electiva o no, si no se tiene la necesaria competencia para el cargo, la objetividad en la presentación de las informaciones relativas a la función y la integridad en su proceder público y privado.
En la gestión pública no debe olvidarse la normativa que obliga a la presentación de una declaración de bienes al asumir el cargo, la presentación periódica de un plan operacional, así como también la elaboración de la memoria de ejecución gerencial.
El funcionario público que se pone de espalda a la éticas, no recuerda la calidad del gasto en que se utilizan los recursos gerenciados, y en consecuencia, no tiene la menor idea del logro de los objetivos y metas institucionales; por lo que no contribuye con el logro de las ejecutorias públicas.
La República Dominicana de hoy, exige que las instituciones del Estado sean gerenciadas con un alto nivel ético, que contribuya al desarrollo institucional nacional y para tales fines, debe haber una correspondencia directa, entre las ejecutorias precedentes de las personas llamadas a ser designadas en cargos públicos y la medición de sus acciones futuras. Esas cualidades no hay forma de simularlas, cada quien al comienzo o al final muestra de lo que adolece, aunque se pase la vida dentro del engaño que construye.
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