EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En la audiencia del viernes del caso que acusa a exfuncionarios públicos de corrupción, los abogados de varias familias querellantes volvieron a cuestionar la solidez del expediente presentado por el Ministerio Público y reafirmaron su decisión de desistir de las acusaciones contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y Ángel Lockward.
Los juristas coincidieron en que los tres actuaron dentro del marco legal y que el proceso penal en su contra carece de fundamentos.
De acuerdo con una nota informativa, el abogado Braulio Castillo sostuvo que ni Guerrero, ni Castillo ni Lockward tuvieron responsabilidad en los hechos señalados, destacando que incluso Guerrero llegó a autorizar pagos a favor de los afectados, pagos que nunca fueron honrados por Hacienda.
“Este expediente es más que un show, porque no asienta las bases necesarias para que haya imputaciones”, afirmó, al tiempo que denunció que el Ministerio Público se ha opuesto a desembolsar los recursos que legítimamente pertenecen a sus clientes.
En la misma línea, José Antonio Montero recordó que la familia Ozuna Mercedes ya ha recibido el 80 % de los montos que les corresponden, y que el 20 % restante sigue retenido por oposición del Ministerio Público.
“Hemos desistido contra el doctor Ángel Lockward porque entendemos que es inocente; lo único que ha hecho es actuar apegado a la ley y cobrar sus honorarios profesionales”, puntualizó.
Por su lado, el abogado Patricio Mañón subrayó que ninguno de los tres exministros incurrió en irregularidades, ya que actuaron por mandato de sus representados.
“Después de estudiar el expediente, hemos visto que no existe culpabilidad penal. Por eso desistimos desde 2021 en el caso de Lockward y más recientemente con Donald Guerrero”, indicó, mientras lamentaba que aún permanezcan pendientes decisiones sobre pagos que el Estado está obligado a realizar.
Alexander Navarro, representante de la familia Reyes, señaló que las verdaderas víctimas del caso no han recibido respaldo del Ministerio Público.
“Nos sentimos desamparados. Llevamos años esperando que el Estado pague lo que ordena una sentencia, pero en cambio hemos visto cómo se ha armado un proceso débil, sin fundamentos, que hoy tambalea con los desistimientos”, declaró.
Los representantes de la defensa recordaron que en la audiencia de ayer el exministro Donald Guerrero solicitó que constara en acta que el informe elaborado por investigadores antifraude de la Contraloría General de la República nunca fue notificado a su equipo legal, lo que refuerza la falta de garantías procesales y de transparencia en el manejo del caso.
Sobre el caso
La operación, investigada por el Ministerio Público desde 2020, acusa a exfuncionarios y empresarios de conformar una red que supuestamente desvió miles millones mediante expropiaciones fraudulentas y sobornos.
Sin embargo, en las últimas audiencias, los desistimientos presentados por las familias querellantes y las críticas al expediente han debilitado la posición del órgano acusador, que enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la solidez del proceso.
