EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – A partir del lunes 10 de junio 2024, todas las partes tienen un plazo de 5 días comunes para depositar sus escritos justificativos de conclusiones y luego de los plazos, quedará en estado de fallo el proceso interpuesto por la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) contra el decreto 420-23.
El presidente del Tribunal Superior Administrativo, Diómedes Villalona, conoció el fondo de la medida cautelar, con la presencia de la Dirección General de Impuestos Interno (DGII), la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General Administrativa, Guía RD, Acofave y la Asocivu.
Mientras, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) no se presentó ante el juzgado, quien fue llamado en intervención forzosa junto a la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
En abril, Asocivu presentó dos acciones judiciales contra el Decreto 420-23, que establece el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para los concesionarios.
La empresa busca la suspensión provisional y la nulidad total del decreto, a través de una Solicitud de Adopción de Medida Cautelar y un Recurso Contencioso Administrativo, dirigidos contra la Administración Pública y la DGII.
La Asociación aclaró que el conflicto surgió cuando la DGII y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, tras recibir observaciones técnicas y jurídicas de la entidad, de la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive), y la Asociación de Dealers del Cibao (Adecibe), sobre el borrador del reglamento, prometieron revisar dichas observaciones.
Sin embargo, casi un año después, el Decreto 420-23 fue publicado con más del 50% de las observaciones ignoradas, incluyendo prohibiciones y nuevos requisitos no contemplados en la Ley 63-17 ni en el mismo decreto.
