EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El extitular de la Oficina Supervisora de Ingenieros de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán Rodríguez, imputado en el caso Antipulpo y quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, devolvió un total de casi 50 millones de pesos para que su pena sea reducida.
El acuerdo concretado con el órgano persecutor consistió en un proceso penal abreviado, donde este admitió los hechos que lo vincula en el supuesto entramado que lideró Juan Alexis Medina Sánchez en algunas instituciones del Estado, con el propósito de que su condena sea disminuida.
El acusado devolvió casi 50 millones de pesos en distintas partidas, en una primera entrega voluntaria ante la Procuraduría General de la República entregó 10 millones de pesos, luego unos 25 millones, dos millones, un millón 800 veintisiete mil, además de un millón 373 mil y 800 mil pesos.
El dinero fue recaudado mediante la firma del convenio entre el órgano investigador, los abogados del Estado y el titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución Administrativa (Pepca), Wilson Manuel Camacho, donde el señalado se comprometió a indemnizar al Estado por cinco millones de pesos.
En ese sentido, ofreció una primera parte concerniente de un millón 600 mil pesos y el restante de 3 millones 400 mil pesos, con un plazo de pago hasta el 2024 para concluir con lo acordado.
Asimismo, el implicado deberá pagar una multa de un millón de pesos y el decomiso de algunos bienes como un apartamento en una torre del Distrito Nacional y la devolución de un terreno de 3,999 metros cuadrados en Tamayo, Barahona y un jeep del 2017.
Estos bienes, según el órgano fiscalizador fueron adquiridos de los ilícitos cometidos en la institución que este dirigía, cuyo monto defraudado supera los 23 mil millones de pesos.
El órgano acusador imputa a Pagán de crear una estrategia fraudulenta de omisión de protocolos para Compra y Contrataciones Públicas, supuestamente para favorecer las empresas del hermano del expresidente, Danilo Medina Sánchez en los procesos de licitaciones.
Además, lo acusa de coalición y prevaricación de funcionarios, autor de estafa contra el Estado, desfalco, tráfico de influencias, lavado de activos, sobornos, entre otros. No solo el exfuncionario acordó con el Ministerio Público, sino tres imputados más.
Para el imputado el órgano persecutor solicitó al juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la pena de cinco años, tomando en consideración la medida coercitiva de dos años y un mes y la otra bajo una modalidad espacial, es decir, suspendida.
Otros que negociaron fueron Domingo Antonio Santiago Muñoz, Esteban Suazo Suriel y Lewin Ariel Castillo, todos acordaron con el órgano investigador, para salvar su “pellejo” de la cárcel.
En el caso de Santiago Muñoz este era el único encartado que tenía libertad pura y simple. En su turno en la audiencia preliminar devolvió un inmueble valorado en 47 millones de pesos en Punta Cana, en un criterio de oportunidades, para él pidió la extinción penal.
Mientras que a Suriel Suazo a cinco años, dos de prisión y tres suspendidos. Y la devolución de dos millones de pesos y un vehículo de máquina pesada valorada en tres millones.
