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18 de enero 2026
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2 min de lectura Toga

Protestan frente a PGR en demanda de justicia por muerte de Paula Santana Escalante

Hicieron énfasis en la responsabilidad que tiene la empresa Interger Holding en el caso, asegurando que operaban sin los permisos necesarios

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RESUMEN

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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Decenas de mujeres jóvenes se dieron cita frente a las instalaciones de la sede central de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir justicia y reparación por el feminicidio de Paula Santana Escalante, quien fue asesinada el pasado 21 de febrero en la zona franca internacional de las américas, donde trabajaba para Oscor Caribe Interger Holding.

Ante las recientes noticias del archivo de las causas contra Joaquín Alexander Hidalgo Marte (Alex) y Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki) por falta de pruebas, las manifestantes exigieron a la Procuraduría que se instale una fiscalía especializada para el esclarecimiento y presentación de los responsables de la muerte de la joven.

En ese sentido, hicieron especial énfasis en la responsabilidad que tiene la empresa Interger Holding en el caso, asegurando que operaban sin los permisos necesarios y en condiciones irregulares.

Señalaron que la violencia y explotación «es una situación constante y que hoy le costó la vida a Paula», pero que el riesgo sigue hasta que no haya una transformación en favor de las empleadas.

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Rosa Rijo, vocera de la actividad, recordó que según datos, al cierre de 2023, existían 820 zonas francas en operaciones en 87 parques, generando 197 mil empleos directos, de los cuales el 53% son mujeres. Y que las ganancias de estos negocios aportaron 3.3% del PIB en el 2022.

«Es responsabilidad de las autoridades del gobierno, pero también de los dueños y gerentes de estas empresas asegurar condiciones de salud, seguridad y desarrollo para sus empleadas», señaló Rijo.

Del mismo modo, las manifestantes recordaron que existe una peligrosa relación entre zonas francas, impunidad y feminicidio, recordando que el propio concepto de feminicidio se acuñó después de los asesinatos masivos que sucedieron en Ciudad Juárez México, que comenzaron en la década de los noventas y por los cuales el Gobierno de aquel país fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«No podemos permitir que una ola de violencia así se desate en el país, por eso es indispensable que este caso no quede impune, deben investigar y sancionar no sólo a los autores materiales del hecho, sino a todas las personas y estructuras que lo hayan hecho posible», explicaron.