Durante las últimas tres décadas, la economía dominicana mantuvo un crecimiento promedio anual cercano al 5.0 %, consolidándose como una de las más dinámicas de América Latina. Esa trayectoria solo se quebró en dos episodios excepcionales: la crisis bancaria de 2003, que provocó una contracción de -1.3 %, y la pandemia de la COVID-19 en 2020, cuando la economía se desplomó en -7.93 %. Fuera de esos choques, el crecimiento fue sostenido y predecible.
Este desempeño permitió que la economía operara cerca de su Producto Interno Bruto (PIB) potencial, entendido como el nivel máximo de producción compatible con la estabilidad de precios. En coherencia con ese marco, el Banco Central fijó una meta inflacionaria de 4.0 % ± 1.0 %, diseñada para sostener el crecimiento de largo plazo. Sin embargo, ese equilibrio comienza a erosionarse.
En los últimos años se ha intensificado un debate recurrente, especialmente en períodos electorales, sobre si el crecimiento económico se ha traducido en mejoras reales en la calidad de vida. La frase “yo no siento ese crecimiento” se ha convertido en un termómetro social que refleja algo más que percepción: expresa el agotamiento de un modelo que hoy crece menos y promete más de lo que cumple.
Aunque la discusión sobre la distribución del ingreso es legítima, existe un principio económico ineludible: sin crecimiento no hay redistribución posible. Ninguna política social puede sostenerse en una economía que avanza muy por debajo de su potencial. El crecimiento no es una consigna, es una condición necesaria para el desarrollo.
Los datos recientes del Banco Central, a través del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), confirman una desaceleración inquietante. En los primeros diez meses del año, el crecimiento acumulado fue apenas de 2.0 %. Para cerrar el año en torno al 2.5 %, la economía tendría que expandirse cerca de un 5.0 % en los dos meses restantes, un escenario poco creíble. El resultado final será, con alta probabilidad, un crecimiento equivalente a la mitad de su potencial histórico.
El panorama se torna más preocupante al analizar las proyecciones para 2025. El Banco Mundial redujo su estimación de 4.7 % a 4.0 %; la CEPAL ajustó la suya de 4.5 % a 2.9 %; y el Fondo Monetario Internacional realizó tres revisiones a la baja, desde 5.0 % en marzo hasta alrededor de 3.0 % en noviembre. Estas correcciones no son menores: reflejan un deterioro persistente de las expectativas.
Más grave aún es el comportamiento de las proyecciones oficiales. Las autoridades económicas locales partieron de un crecimiento de 5.0 % para 2025 y realizaron hasta seis revisiones a la baja —un hecho inusual en la historia económica reciente— hasta situarlo cerca de 2.5 %. Esto no puede explicarse como un simple error de cálculo; evidencia fallas serias en el diagnóstico y una preocupante desconexión entre planificación y realidad.
Las explicaciones oficiales insisten en factores externos: desaceleración global, tensiones comerciales, altas tasas de interés y conflictos geopolíticos. Sin embargo, este argumento pierde fuerza cuando se observa que varias economías de la región lograron cumplir, en gran medida, las proyecciones de los mismos organismos internacionales. La diferencia radica en las políticas internas, particularmente en la eficiencia del gasto público, la calidad de la inversión y la coherencia de la política económica.
Un desacierto tan reiterado en los pronósticos no es un detalle técnico: es una señal de debilidad institucional. La pérdida de credibilidad genera incertidumbre, frena la inversión privada, encarece el financiamiento y reduce los ingresos fiscales. Si estas distorsiones no se corrigen con urgencia, el bajo crecimiento actual no solo compromete el cierre de 2025, sino que anticipa un 2026 marcado por mayor vulnerabilidad económica, presión social y menor margen de maniobra para la política pública.
El autor es ingeniero civil, economista y docente universitario.
Correo: ingenieromateo@hotmail.com
Por: Julio Sesar Mateo.