El Principio de Continuidad del Estado y de la JCE

Por Luis Columna Solano miércoles 15 de noviembre, 2017

 Leyendo la prensa digital sobre la deuda que una empresa española reclama a la Junta Central Electoral y posteriormente, la denuncia que hizo el presidente del organismo comicial y rector del registro civil, de que los equipos adquiridos por la institución a dicha empresa no sirven para nada, somos de opinión que el principio de continuidad de Estado debe prevalecer sin que ello signifique de forma alguna, cubrir fraude o inmoralidad en el uso de los recursos  del Estado.

 Esta empresa que responde al nombre de “Indras Sistema” reclama a la Junta el pago de cerca de catorce millones de dólares, específicamente $US.13.927.931 dólares por incumplimiento de contrato y lo hizo según información ofrecida por la misma Junta, a modo de notificación legal, amparada en el Convenio de reciprocidad de Inversión Extranjera entre el Reino de España y República Dominicana.

Este último punto es el que produce mayor preocupación, dado dos aspectos fundamentales: 1ro. España es miembro de la Unión Europa y 2do. En nuestro país, es costumbre la vulneración del citado principio de Continuidad de Estado. Entiendo que el Pleno de la Junta Central Electoral  (JCE), no debió esperar el cobro compulsivo de esa deuda, para denunciar que los famosos equipos informáticos instalados por esta empresa, no sirven para nada y que no podrán ser usados para el proceso venidero del año 2020.

No dudamos de la solvencia moral del actual presidente de ese organismo oficial, máxime que el mismo fue elegido con gran respaldo popular para el puesto institucional, que ya había ocupado durante el cuatrienio 2006/2010, sin embargo, es más de lo mismo que en nuestro país, el funcionario público actual, acuse de corrupción al antecesor, o  le culpe de los problemas que posteriormente enfrente la institución que se trate y por ello quiero advertir  de las nefastas consecuencias que afrontan los países que carecen de una sólida seguridad jurídica, en un mundo cada vez más globalizado.

La Junta Central Electoral ha tenido veintiocho presidentes desde Alejandro Wos Gil  1923/1924, hasta Julio Cesar Castaño Guzmán  2006/2010 y 2016-2020 y el progreso ha sido zigzagueante, lo mismo decir, no ha llevado siempre un camino recto, pero aún así, hemos ido progresando hasta tener mayor confianza en los resultados electorales y mayor ordenanza y modernización de los servicios del orden civil y por vía de consecuencia, mayor legitimidad institucional y eso hay que cuidarlo como una tacita de oro.

Nadie puede negar los avances tecnológicos e institucionales que ha experimentado la Junta Central Electoral durante los últimos diez años, donde Roberto Rosario Márquez fue presidente de la Cámara Administrativa, siendo precisamente Julio Cesar Castaño Guzmán, presidente entonces del organismo 2006/2010 y luego como presidente  de la misma desde el 2010-2016.

Un detalle que no podemos pasar por alto y que suponemos tampoco se le ha pasado el doctor Julio César Castaño Guzmán, es que  la también miembro titular del actual pleno, doctora Rosario Graciano, formó parte del pleno anterior que dirigió Roberto Rosario y su honorabilidad  es incuestionable. Ella al igual que el doctor Eddy Olivares y otros dos ex titulares, certificaron aquel contrato de compra de los escáneres y demás equipos a la empresa española.

Ahora bien, las declaraciones del doctor Eddy Olivares sobre que advirtió por escrito que era de opinión que el conteo de los votos en las pasadas elecciones, deberían hacerse de forma manual y no por los escáneres, es todo un ejercicio de irresponsabilidad, dado que según los cuantiosos recursos  económicos y humanos invertidos y reclamados al Estado para la celebración de aquellas elecciones, no se correspondía con una método ordinario como el conteo manual.

 Ahora la  situación está  manos de la Cámara de Cuentas a sugerencia de la Junta, pero al margen de todo, y tomado en consideración que la responsabilidad penal es individual,  no debemos perder de vista que está en juego la seguridad jurídica del país en materia de inversión extranjera, y eso hay que cuidarlo y dejarlo fuera del juego político de echar constantemente la culpa al que se fue.

Esa mala práctica reiterativa en todos los niveles del organigrama estatal, es la consecuencia directa de que seguimos siendo un país tercermundista, subdesarrollado y como prefieren decir los tecnócratas, un país en vía de desarrollo.

Bueno recordar que preocupado por lo antes expuesto, la República Dominicana en su Constitución del 2010, ordenó un dialogo con los agentes económicos y sociales entre los que no faltaron los partidos políticos, para la final aprobación de la Ley 1-12 sobre “La Estrategia de Desarrollo Nacional del 2030” y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), igualmente ha puesto en marcha desde el 2015, la agenda 20-30 como Estrategia de Desarrollo Sostenible para el planeta.

 España a diferencia de República Dominicana, tiene integrado  a su Hacienda Pública a través de la Agencia Tributaría, las inversiones de las empresas españolas de capital privado en cualquier lugar del mundo, y por ellos tributan impuestos de forma obligatoria y en consecuencia, su servicio diplomático y consular se implica a fondo en este tipo de Litis. Es la explicación de la presencia activa del Embajador español  en el tema y su reunión con el presidente de la Junta Central Electoral.

Un conflicto con comercial de incumplimiento de pago con España, es directamente afectar cualquier tipo de inversión extrajera con la Unión Europea, compuesta por 28 Estados miembros que se protegen entre sí. Un lujo que República Dominicana no puede permitirse, sin que ello, afecte nuestra determinación como pueblo libre y soberano.

 

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