EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Presupuesto de este año del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), apenas alcanzan un 0.31% del 4.10% del Producto Interno Bruto (PIB), que le corresponde por ley, en momento que se plantea modificar la Constitución del país para consolidar la independencia de estos organismos.
En la Ley número 237-20 del Presupuesto General del Estado (PGE) para el año 2021 la suma de las apropiaciones de ambos organismos alcanza RD$15,743.4 millones (0.31% del PIB), cuando por ley debería ser RD$210,330.0 millones (4.10% del PIB). Calculado a una tasa promedio de RD$57.00 por un US$1.00, y un PIB corriente que se encuentra en US$ 90,000 millones, según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
Este PGE de este año el Poder Judicial tiene asignadas apropiaciones por el orden de RD$8,737,9 millones (0.17% del PIB), cuando por ley le toca un 2.66% del PIB (sería RD$136,458.0 millones), de acuerdo al análisis con dicha tasa del dólar.
En tanto que la Procuraduría General de la República tiene RD$7,005.5 millones (0.14 del PIB), cuando por ley le tocan un 1.44% del PIB (sería RD$73,872.0 millones).
La Cámara de Cuentas en el PGE de este año tiene apropiaciones asignadas por el orden de RD$ 974,2 millones (0.02% del PIB), cuando por ley le tocaría un 0.30% del PIB (sería RD$15,390 millones).
El PGE para el año fiscal 2021 es de un millón de millones noventa y cuatro mil ochocientos ocho millones cuatrocientos dos mil trescientos noventa y un pesos dominicanos (RD$1,094,808,402,391).
Ley número 194-04 dispone que la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana, gozarán de autonomía presupuestaria y administrativa.
El artículo 3 de esta ley establece que: El Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Publico (Procuraduría General de la República), serán por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y ley de Gastos Públicos, y se distribuyen de la manera siguiente:
Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%) corresponderá al Ministerio Público.
Mientras que el artículo 4 dice: El Presupuesto de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana será de por lo menos cero punto treinta por ciento (0.30%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos.
Cabe resaltar que el pasado mes de julio se produjo una modificación de dicho PGE para año fiscal 2021, en que se refleja un aumento de las apropiaciones del Poder Judicial de RD$31.1 millones y las de las Procuraduría General de la República RD$1,906.6 millones, adicional a las ya mencionadas.
El presidente Luis Abinader el pasado mes de agosto anunció reformar la Constitución de la República para consolidar la independencia del Ministerio Público, afirmando que “la democracia, la lucha contra la corrupción y la separación de poderes, no pueden depender de la buena voluntad de un presidente”.
Insistió que la reforma sería fortalecer la independencia no sólo del Ministerio Público (MP), sino también de la Cámara de Cuentas, y que se presentará un proyecto de ley que modificará la Contraloría General de la República “para hacerla más efectiva y eficiente”.
También, recordó que “uno de los más importantes cambios implementados por su gestión para revertir la influencia sobre el Poder Judicial, fue el nombramiento de una Procuraduría General independiente, decisión acogida con beneplácito por la sociedad dominicana”.
Al parecer al parecer a los mencionados organismos, además de modificar la Constitución Dominicana para consolidar su independencia, también les haría falta incrementos de sus apropiaciones a niveles porcentuales similares a los que les corresponde por ley con relación al PIB, para que puedan desempeñar sus funciones con la mayor eficiencia como los desea el actual mandatario dominicano.
