EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una red presuntamente dedicada a la piratería digital operaba en perjuicio de reconocidas compañías internacionales de producción y distribución audiovisual, incluyendo Paramount Pictures, Columbia Pictures, Sony Pictures Television, Netflix, Disney, Amazon Studios, Universal Studios y Warner Bros.
Según la investigación, los imputados ofrecían suscripciones ilegales a más de 1,400 canales de televisión y 14,000 películas y series mediante plataformas como IPTV66 y Servidor Privado. Para ello, descifraban y compartían claves de acceso (IKS), que luego revendían de manera ilícita.
El Ministerio Público determinó que las transacciones, realizadas en bitcoin y cuentas bancarias nacionales e internacionales, generaron millonarias ganancias.
Solo una de las direcciones vinculadas a la red registró más de US$9.7 millones en movimientos, mientras que en cuentas locales se identificaron depósitos superiores a RD$285 millones y más de US$1 millón en moneda extranjera.
La operación en la que arrestaron a los vinculados fue ejecutada en colaboración con el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.
Las autoridades precisan que los encartados formaban parte de una estructura que vulneraba sistemas de seguridad de televisión paga y servicios de streaming, generando ganancias ilegales que luego eran colocadas en el sistema financiero.
Son vinculados de violaciones a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La jueza Ana Lee Florimón, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo jueves el conocimiento de medidas de coerción contra los cuatro imputados: Leonardo Alberto Casci Ocumarez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López y Víctor Luís Torres López, quienes enfrentan cargos de piratería digital, violación de derechos de autor y lavado de activos.
Por su parte, los abogados Ibo René Sánchez y Manuel Cierra Pérez, defensores de uno de los investigados, criticaron la solicitud de prisión preventiva de 18 meses que pide el Ministerio Público, por considerar que el caso es de “bagatela”.
