Las crónicas del momento recogen resultados esperados por muchos y puestos en duda por otros en torno a la presunta penetración de un contingente militar y policial norteamericano en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, así como el consecuente estrechamiento —político y estratégico— sobre el presidente de esa nación, Nicolás Maduro.
A pesar del escepticismo de no pocos analistas, los recientes cambios en el discurso comunicacional entre el presidente de los Estados Unidos y el mandatario venezolano, así como la modificación perceptible en el lenguaje corporal y político de ambos en los últimos días, llamaban poderosamente la atención. Tales señales advertían un desenlace de esta naturaleza que, dicho sea de paso, resulta conveniente para algunos sectores, pero que obliga, necesariamente, a una explicación más profunda en los días venideros.
Y es que la incógnita ya no se limita a quienes sostenían que Estados Unidos no concluiría en el corto plazo su propósito de desalojar a Maduro del poder; tampoco queda circunscrita a quienes afirmaban que sus días estaban contados. La incertidumbre se ha desplazado hacia un terreno más complejo: el de la verdad política, el de las estrategias reales y el de los acuerdos visibles o invisibles que suelen acompañar este tipo de episodios históricos.
La espera —cargada de simbolismo— de ver a Nicolás Maduro abordar un avión con destino a una cárcel o a un tribunal norteamericano ha concluido para dar paso a otra espera. Esta nueva expectativa, probablemente más larga o incluso indefinida, gira en torno a lo que realmente ocurrió: cuáles fueron las estrategias empleadas, hasta qué punto fueron unilaterales o bilaterales, y qué concesiones, explícitas o tácitas, se produjeron en nombre de la estabilidad, la conveniencia o el equilibrio geopolítico.
Desde una perspectiva ética, la cuestión de fondo no radica únicamente en la permanencia o salida de un gobernante, sino en la dignidad de los pueblos involucrados. La historia ha demostrado que cuando las decisiones se toman al margen de la transparencia y del respeto al derecho internacional, los pueblos pagan el costo más alto. En ese sentido, la dignidad no puede reducirse a una predicción coyuntural ni a un cálculo estratégico; debe constituirse en el eje rector de cualquier acción política que aspire a legitimidad histórica.
Porque la dignidad —como la verdad— puede postergarse, pero no silenciarse indefinidamente. Y es en esa tensión entre poder, narrativa y ética donde se jugará, finalmente, el juicio más severo: el de la historia.
Po el Dr. Pablo Valdez