EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La jueza de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional y proponente a juez del Tribunal Constitucional (TC), Miguelina Ureña Núñez, expresó este jueves que no está de acuerdo con que a una persona se le exijan pruebas para divorciarse.
Evaluada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), explicó que los derechos civiles fueron ascendidos a la Constitución que envuelven derechos fundamentales y que la alta corte ha emitido varias sentencias vinculada con el debido proceso civil que han impactado de manera positiva.
“El Tribunal Constitucional se ha referido a la obligación de la prueba cuando se trata de divorcio, criterio que no compartimos, porque el divorcio tiene mucho que ver con ese sentimiento interno, esa felicidad interna de las personas, que no necesariamente tiene una trascendencia social de la que haya una prueba directa o un prueba testimonial”, manifestó cuando detallaba otras sentencias.
Para la magistrada exigirle a las personas que prueben que no tiene compatibilidad con su pareja para divorciarse pudiera ser hasta cierto punto un desconocimiento de su desarrollo de la libertad, progresividad de sus derechos y la autodeterminación de su vida.
“Entonces, ¿tengo que estar unida a otra persona necesariamente porque tengo que probarlo sin tener pruebas?, si simplemente se trata de una definición personal”, cuestionó.
Por otro lado, Ureña Núñez valoró la sentencia que sobre los apellidos, sobre la presunción de paternidad, que antes imponía la hombre esperar que naciera la criatura para saber si era suya o no, así como también, la sentencia que elimina el período de espera para que una persona divorciada se casara otra vez.
Al ser preguntada sobre el hábeas data, dijo que tiene la finalidad de proteger las informaciones privadas y se conecta con derechos fundamentales como la intimidad, honor y buen nombre, pero sobre todo a la dignidad humana.
En cuanto al hábeas corpus, consideró que no puede ser suspendido ni siquiera en el marco de un estado de excepción o emergencia, porque se tratan de los derechos más sagrados del ser humano como lo es la libertad.
Sobre la tutela judicial diferenciada resaltó que el derecho diferenciado es importante y tiende a lograr el equilibro ante una situación evidentemente desequilibrada, para garantizar el acceso a la justicia.
