El propósito de estas líneas es para hacer un llamado a los honorables miembros del Congreso Nacional en relación a la necesidad de que la República Dominicana a través de una resolución emitida por su órgano legislativo exprese su apoyo a la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA), propuesta por las Organizaciones Democracia Global de Argentina y apoyada por la Comisión por la Carta Democrática Interamericana , un conjunto de Organizaciones de la Sociedad Civil, y de Organizaciones No Gubernamentales de la República Dominicana.
La propuesta de creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA), consiste en dar respuestas institucionales a la transnacionalización de la delincuencia y a la manifiesta incapacidad de la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe para dar soluciones concretas y efectivas contra el crimen transnacional organizado.
La proliferación de grupos dedicados al crimen organizado se está constituyendo en el principal problema social de la región de Latinoamérica y el Caribe; en una amenaza para la democracia y en el principal freno a su desarrollo económico.
La impotencia de las policías, fiscalías y juzgados nacionales, y la progresiva cooptación de la justicia y de las organizaciones políticas por parte de estas mafias está disminuyendo las capacidades democráticas de los países de la región, y reduciendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones y promoviendo la aparición de grupos políticos autoritarios.
Los únicos que parecen haber comprendido el carácter global del mundo en que vivimos y logrado estructurar sus organizaciones con una lógica supranacional que deja obsoletas las fronteras nacionales son los delincuentes; redes de protección internacionales que esconden en otros países a prófugos de la justicia, sistemas de colaboración entre organizaciones que operan globalmente, intercambio mundializado de información, drogas y armas, mafias interconectadas en la región y en el mundo son solo algunas de las estrategias que dejan reducidos a la impotencia a los sistemas nacionales de persecución del crimen organizado.
La adhesión de nuestro país al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, nuestro compromiso con los derechos humanos y el derecho internacional expresado en el carácter constitucional de varios acuerdos internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, y la existencia de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, anexos que define como crímenes transnacionalmente organizados al tráfico de drogas, al tráfico de armas, al tráfico de personas para esclavitud laboral o prostitución ( trata) y al lavado de dinero, son valiosos antecedentes en el camino de la lucha contra el criminalidad organizada que sigue proliferando en nuestros países con consecuencias cada vez más evidentes sobre la seguridad de los ciudadanos.
Atentamente,
POR ROMMEL SANTOS DIAZ