En nuestro país se ha hecho casi una norma que los escándalos de corrupción administrativa, si cuentan con la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) ante los tribunales, ya se consideran, desde la óptica de los medios de comunicación y del propio pueblo dominicano, por más indignado que este, como un hecho consumado y ya en vías de lograr justicia. Se asume que no habría más nada que hacer, y que solo se debe esperar que la “justicia actué”; no hay nada más dañino a los intereses de la sociedad y de sus instituciones, que ese tipo de razonamiento.
En los últimos siete meses del año 2025, como sociedad hemos sido todos testigos del más doloroso caso de uso indebido de recursos públicos, en particular del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS): el llamado caso SENASA, u Operación Cobra, para los fines legales.
La indignación social por dicho caso, radica en tres eventos que pudieron ser evitados: primero, el gobierno fue advertido repetidamente desde el año 2021 de que los recursos de SENASA no podían comprometerse en actividades política/partidarias, y que la ley 97-01 estaba siendo violada flagrantemente; segundo, cuando se evidenció toda la trama, la misma fue negada tres veces por el Poder Ejecutivo y por las autoridades del Sistema Dominicano de Seguridad Social; y tercero, que la trama fue perpetrada contra las garantías de servicios de salud de los más necesitados, 5.3 millones de afiliados como parte del Régimen Subsidiado, el 69 % de los 7.7 millones de afiliados que posee, dañando sensiblemente la reputación de una institución que gozaba de la estima y el respeto de toda la sociedad.
Ya conocidos los primeros imputados, por parte de la PGR, y habiendo el juez instruido medidas de coerción contra los señalados, las expectativas que subyace entre la mayoría de los sectores de la sociedad, es de desesperanza, dados los precedentes de los conocidos casos Medusa, Coral, Pulpo y otros de casos de corrupción administrativa, entre los que algunos ya datan hasta de 6 años de procesos.
Pero esta vez, hay un agravante, que se explica por los resultados obtenidos de las llamadas “oficinas de abogados caza recompensas”, las cuales este gobierno las ha instituido “como parte de sus procesos” de sus soluciones judiciales; abogados que tienden a reducir lo eventualmente recuperado en un 15% y hasta en un 20% en muchos casos, por el concepto de sus honorarios profesionales.
Esa práctica onerosa, aun no eliminada formalmente, es reprochable desde todo punto de vista, moral y económico. Las inconductas de los funcionarios (y sus socios) a los que ya, se les había delegado confianza mediante el pago de sus salarios, y por los cuales el Poder Ejecutivo es corresponsable por haberles nombrado en esas posiciones, hace injustificable el pago de un centavo adicional de parte del Estado, a los fines de recuperar, total o parcialmente, lo que al pueblo le pertenece.
A todo lo descrito, se le adiciona otra práctica impuesta por los muchos intereses que medran en la justicia dominicana, entre ellas la “delación premiada”, que tampoco beneficia ni restituye en su justa medida los valores extraídos en perjuicio de las grandes mayorías. En consecuencia, para tener una noción más aproximada a la verdad, en cuando a los valores sustraídos indebidamente desde el gobierno, en connivencia con el sector privado, se hace imperativo en este caso penal, así como en otros casos vigentes, la contratación de auditorías forenses, con cargo a los valores sustraídos, y con firmas internacionales, contratadas mediante de licitaciones públicas. En todo caso, sería una medida más costo/efectiva, que utilizar los señalados intermediarios y negociadores de recompensas.
De aplicarse la rigurosidad técnica que exige una auditoría forense a la ARS SENASA para el período 2020-2025, podemos esperar una recuperación mayor de los RD$ 16 mil millones que aduce la PGR, como recursos mal habidos; una mayor transparencia y rendición de cuentas, útiles para las subsecuentes administraciones; y, sobre todo, que la entidad y el Sistema, cuenten con un instrumento probado de prevención de la corrupción.
Sin esta auditoría, la recién comisión creada mediante decreto por el presidente Abinader, será más de los mismo; más burocracia, pagada con nuestros impuestos.
Es oportuno recordar, algunos casos que ameritaron auditorias forenses, y llamaron la atención mundial y local. Aquí algunas de índole corporativa y de índole política.
Entre las corporativas, están, la de WorldCom (2002) que descubrió el fraude contable de US$11 mil millones, que llevo a la quiebra de la empresa y a la condena de su CEO, Bernie Ebbers; la realizada en Volkswagen (2015) que reveló un escándalo de emisiones contaminantes, lo que llevo a la empresa a pagar US$29 mil millones en multas y compensaciones; y la de Enron (2001) que evidenció el escándalo contable que los llevo a la quiebra y a su vez, a la aprobación de la Ley Sarbane-Oxley en Estados Unidos, conocida como SOX, aprobada en el 2002; esta ley derivo en ser una que con mayor efectividad protege de la malversación corporativa.
De igual forma, recordemos al menos dos de índole político. El Caso Odebrecht (Brasil) que reveló la corrupción administrativa de varios ejecutivos y políticos brasileños; y la del Caso Medusa la cual terminó con la imputación de un ex procurador general de la república, por lavado de activos y otros delitos.
El aspecto más relevante a destacar en la necesaria Auditoria Forense para SENASA, debería ser la Evaluación y Valoración de los Hallazgos presentados por la PGR, y aquellas evidencias no presentadas hasta la fecha con méritos para una eventual ampliación del expediente. Solo así, lograremos dejar sin excusas a las autoridades que intervienen hoy, y a las que lo harán en el futuro, para que no se cometan los mismos errores u omisiones, o simplemente, para que las instancias partidarias no codicien lo que es solo del pueblo; y lo más importante, que logremos coadyuvar a las necesarias garantías de los derechos de más del 76% de la población dominicana que hoy son una responsabilidad única de la ARS pública.
POR FERNANDO CAAMAÑO
*El autor es economista y ex superintendente de Salud Riesgos Laborales (2006-20015).