RESUMEN
El análisis académico de las políticas públicas en América Latina no puede eludir el estudio de las disfunciones estructurales que han afectado históricamente la acción del Estado. Más allá de los diseños normativos y los discursos oficiales, la región ha experimentado una brecha persistente entre formulación y resultados, atribuible a prácticas políticas e institucionales patológicas.
Una de las principales patologías es la confusión entre políticas públicas y propaganda gubernamental. Tal como advierte Guillermo O’Donnell, la debilidad del Estado de derecho en contextos de baja institucionalización favorece formas de ejercicio del poder orientadas más a la legitimación simbólica que a la eficacia sustantiva.
La personalización del poder constituye un rasgo recurrente en la región. Las políticas públicas dejan de concebirse como acciones institucionales del Estado y pasan a identificarse con la figura del líder político, lo que debilita la continuidad administrativa y erosiona la noción de responsabilidad institucional.
Otra disfunción central es el clientelismo, entendido como la utilización de recursos públicos para la construcción de lealtades políticas. Esta práctica distorsiona la finalidad de las políticas públicas, sustituye criterios de universalidad por lógicas selectivas y compromete el principio de igualdad.
Carlos Matus ha señalado que uno de los déficits más graves de la gestión pública latinoamericana es la ausencia de planificación estratégica. La improvisación, la falta de diagnóstico y la desconexión entre objetivos y medios generan políticas públicas ineficaces y fiscalmente insostenibles.
A ello se suma la resistencia a la evaluación y al aprendizaje institucional. En numerosos casos, la evaluación de políticas públicas es percibida como una amenaza política, lo que conduce a la reproducción sistemática de errores y al uso ineficiente de los recursos públicos.
Desde una perspectiva constitucional, estas patologías afectan directamente la efectividad de los derechos fundamentales. La adopción de políticas públicas simbólicas o clientelares puede constituir una forma indirecta de incumplimiento de los deberes positivos del Estado.
Superar estas disfunciones exige fortalecer la capacidad estatal, profesionalizar la Administración Pública y consolidar mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas. Sin estas condiciones, las políticas públicas difícilmente podrán cumplir su función transformadora.
El estudio crítico de las patologías del poder no persigue una finalidad meramente descriptiva, sino normativa. Identificarlas es el primer paso para construir políticas públicas orientadas al interés general, compatibles con el Estado constitucional y capaces de producir cambios sociales reales.
Por José Manuel Jerez