La gestión migratoria en la República Dominicana es un tema que exige un enfoque equilibrado, donde el derecho del país a regular la entrada de extranjeros no debe comprometer el respeto a los derechos fundamentales. En los últimos años, las medidas implementadas han estado enfocadas de manera desproporcionada en la población afrodescendiente, particularmente los haitianos, lo que ha generado denuncias de discriminación y prácticas injustas. Sin embargo, el control migratorio no debe centrarse exclusivamente en un grupo específico, sino en todos los migrantes irregulares presentes en el territorio nacional.
Las imágenes de deportaciones y operativos en comunidades han generado diversas reacciones. Para algunos, representan una respuesta necesaria ante el crecimiento de la población migrante indocumentada. Para otros, evidencian políticas que podrían carecer de mecanismos adecuados para proteger la dignidad humana y garantizar el debido proceso.
La realidad de muchos afrodescendientes en el país refleja un problema aún más profundo: el temor constante a ser detenidos por su apariencia física. La situación es tan grave que algunos evitan acudir a hospitales por miedo a ser arrestados y deportados, poniendo en riesgo su vida. Un caso emblemático es el de Lourdia Jean Pierre, de 32 años, una joven madre haitiana que perdió la vida tras dar a luz en El Seibo porque temía buscar asistencia médica y ser deportada.
Este fenómeno, alimentado por operativos migratorios que carecen de protocolos claros, ha generado una crisis humanitaria silenciosa.
Diversos organismos internacionales han manifestado preocupación por ciertos procedimientos migratorios, instando al Estado dominicano a asegurar que los procesos sean transparentes y equitativos. La Organización de Estados Americanos y la ONU han solicitado que las regulaciones incorporen criterios humanitarios que eviten situaciones de exclusión o vulnerabilidad.
Para construir una política migratoria justa y efectiva sin ceder el derecho del país a controlar la migración, es necesario aplicar medidas concretas, estableciendo procesos accesibles para todos los migrantes indocumentados, sin distinción de nacionalidad. Asegurar que hospitales y centros de salud brinden atención sin discriminación, sin que el estatus migratorio sea un factor determinante. La salud es un derecho humano y debe ser accesible para todos, desmontar las detenciones basadas en perfil racial. Ninguna persona debe ser arrestada por el simple hecho de ser negra. Además, los operativos deben realizarse con protocolos claros y aplicarse a todos los migrantes irregulares, evitando enfoques selectivos, dignificar las Condiciones en centros de retención mejorando el trato y garantizando acceso a alimentos, asistencia legal y procesos claros. Ningún detenido debe ser sometido a condiciones inhumanas, cumplimiento estricto del debido proceso garantizando que cada persona afectada por una medida migratoria tenga acceso a una evaluación justa de su situación antes de cualquier decisión definitiva, evitando deportaciones arbitrarias, además las regulaciones deben contemplar a todos los migrantes irregulares, incluyendo personas provenientes de otros países, no solo a los haitianos. La selectividad en las medidas genera percepciones discriminatorias y afecta la credibilidad del sistema migratorio. supervisión internacional y nacional sobre prácticas migratorias: Es fundamental establecer organismos de monitoreo que aseguren que la implementación de las políticas migratorias respete los estándares internacionales de derechos humanos. Esto evitaría abusos y garantizaría transparencia en los procedimientos.
El control migratorio es un derecho legítimo de cualquier país, pero debe ejercerse con criterios de justicia, sin discriminación ni exclusión. Una gestión migratoria bien estructurada debe enfocarse en la aplicación equitativa de la ley y el respeto por la dignidad humana, garantizando que el proceso migratorio no se convierta en una herramienta de marginación racial o social. No es un dilema imposible de resolver: es una cuestión de voluntad política y compromiso con los Derechos Humanos.
El autor es abogado, docente, magister en Seguridad y Defensa Nacional, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, doctorando en derecho Administrativo iberoamericano, coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa-RD.
Por: Juan Manuel Morel Pérez.
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